América Latina necesita perfeccionar su provisión y gestión de la infraestructura

El vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Julián Suárez, ha señalado que América Latina necesita perfeccionar su provisión y gestión de infraestructura, tanto en materia económica como social.

En declaraciones a Europa Press, Suárez ha indicado que este perfeccionamiento implica repensar la forma en que se definen las inversiones, pero «también ser asertivos para atraer la financiación y la operación del sector privado».

«Esto último es clave para complementar la inversión pública tradicional y así reducir la brecha de infraestructura», ha añadido el representante de CAF.

De este modo, el vicepresidente de desarrollo sostenible ha explicado que las necesidades de inversión del sector transporte terrestre interurbano en la región se tendrán que duplicar para afrontar dichos retos, ya que actualmente cuenta con una inversión anual aproximada del 1,1% del PIB.

Además, Suárez ha destacado que, a efectos de incrementar su productividad y reducir al año 2040 la brecha sostenida de 20 puntos porcentuales de competitividad con economías avanzadas, se deberá contar con el sector privado, ya que sin este «no será posible».

Por otro lado, el banco de desarrollo recomienda avanzar «considerablemente en la construcción de capacidades institucionales acordes con la oportunidad de operar y conservar mejor la dotación actual».

Con respecto al impacto de la pandemia en esta cuestión, Suárez ha explicado que los retos de la región han respondido a vulnerabilidades preexistentes, fundamentalmente en lo que a infraestructura sanitaria, de telecomunicaciones y de provisión de servicios básicos esenciales al hogar se refiere.

«Esta realidad exacerba las inequidades sociales. Igualmente, los millones de latinoamericanos que no tienen acceso a agua, o el 40% de los establecimientos educativos que cuentan con deficiente infraestructura -incluyendo agua-, tienen dificultades para, por ejemplo, el imprescindible lavado de manos con agua y jabón», apostilla Suárez.

165 MILLONES DE LATINOAMERICANOS SIN ACCESO SEGURO AL AGUA

Por otro lado, el representante de CAF ha alertado de que hasta 165 millones de ciudadanos latinoamericanos carecen de acceso seguro al agua, de los cuales 21 millones no alcanzar a tener un acceso básico.

Suárez ha afirmado que es necesario un llamamiento a redoblar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas para el año 2030 en esta materia, ya que con la tendencia actual no se podrá lograr un acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible.

«Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe ha hecho esfuerzos considerables en favor de la universalización de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, lo cual ha permitido el acceso al agua de 149 millones de personas y de 176 millones al saneamiento. No obstante, alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que plantea como meta proveer agua segura en términos no sólo de acceso, sino además de disponibilidad continua y con garantía de potabilidad en el suministro, sigue siendo un reto significativo», ha indicado Suárez.

Asimismo, el representante de CAF advierte de que los impactos socioeconómicos en la región serán considerables, dadas las últimas previsiones de varios organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI.

«Desde CAF estamos tomando medidas contundentes, sin parangón en los 50 años de vida de la institución, para apoyar a nuestros socios a contrarrestar los impactos económicos y sociales de esta triple crisis (sanitaria, económica y de protección social), procurando apoyarlos en la emergencia, pero también en la oportunidad de resolver las vulnerabilidades que han exacerbado la virulencia de la crisis en la región», añade Suárez.

Pese a reconocer que «toda crisis es una amenaza», el vicepresidente del organismo considera que, al mismo tiempo, también suponen una oportunidad, ya que la pandemia ha permitido despertar conciencia sobre la importancia que tiene el acceso al agua, no solo desde el punto de vista económico, sino de manera integral.

«Esto significa, por ejemplo, que la sociedad pasa a ser un actor fundamental en el debate sobre el tipo de servicios que demanda, y su corresponsabilidad con el cuidado del agua y su solidaridad para con aquellos que todavía no gozan de un servicio básico y esencial, como es el agua y el saneamiento», ha añadido Suárez.