Un informe de las entidades Irídia y Novact publicado este miércoles recoge que entre 2010 y 2019 España deportó a 223.463 personas: de estas, 92.433 lo fueron por procedimientos de denegación de entrada, 56.576 por devoluciones y 74.454 por expulsiones.
El informe, titulado ‘Vulneraciones de los derechos humanos en las deportaciones’, señala que desde 2017 han aumentado todas las modalidades de deportación, y sobre las deportaciones en caliente o expulsiones sumarias, en las que se devuelve al migrante al país a través del que ha llegado a España sin ningún procedimiento administrativo, los autores del informe reprochan que «existe una falta de transparencia flagrante que impide el monitoreo y la rendición de cuentas del Estado respecto esta práctica».
Asimismo, critican que España no «garantiza de manera adecuada el derecho a la defensa letrada de las personas llegadas por vías informales, a las que incoa un procedimiento de devolución, fomentando así un marco de desprotección hacia potenciales víctimas de trata, solicitantes de asilo o menores de edad», y afirman que se producen vistas colectivas en las que jueces ordenan el internamiento de los migrantes, a quienes abogados de oficio tienen que atender de forma grupal.
En cuanto a las nacionalidades de los migrantes deportados, el informe destaca que más del 50% de las expulsiones de personas marroquíes desde la Unión Europea (UE) se hacen en España: en concreto, señala que en 2019 hubo 10.350 deportaciones de personas marroquíes en Europa, de las que 6.380 se hicieron en España.
En este sentido, Irídia y Novact critican que «no existen fuentes de información oficial que especifiquen de qué manera, bajo qué procedimientos, condiciones, transportes, rutas utilizadas o garantías se llevan a cabo estas deportaciones», ya que no hay vuelos de deportación a Marruecos, sino que se hacen por tierra desde Ceuta y Melilla.
En cambio, apuntan que «los vuelos nacionales de deportación siguen siendo la norma», ya que España ha hecho 996 vuelos de deportación en solitario en la última década, y en el mismo periodo ha participado en 263 operaciones coordinadas por Frontex.
127 MILLONES EN SEIS AÑOS
El mismo documento reseña que los contratos públicos relacionados con el sistema de deportación en España han costado 127 millones de euros entre 2014 y 2020, un periodo que suma 456 contratos.
Desde 2014, el Estado ha recibido 812 millones de euros de fondos europeos en materia de control y ordenación de flujos migratorios.
REGULARIZACIÓN «URGENTE»
Entre las recomendaciones en la materia, los autores reclaman «un proceso extraordinario y urgente de regularización de las personas migrantes» residentes en España, y apuntan la especial necesidad en el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus.
También piden derogar la Ley de extranjería y aprobar una ley de control de procesos migratorios que sea «respetuosa con los derechos humanos», además de una ley contra el racismo y la discriminación, así como flexibilizar los supuestos para la regularización.
Irídia y Novact también reclaman eliminar la posibilidad de internamientos cautelares en el CIE y que «cesen las devoluciones de personas nacionales de terceros países a Marruecos, dado que hay evidencias de que son sometidas a torturas y a tratos crueles, inhumanos o degradantes».
