El etarra Ignacio Bilbao Beascoechea, alias ‘Iñaki Lemona’, incriminado por otro etarra, ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en su contra en la Audiencia Nacional que no tuvo «ninguna» participación en el atentado perpetrado el 2 de febrero de 1983 contra el cuartel de la Guardia Civil en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), que dejó un agente muerto y dos heridos.
‘Iñaki Lemona’, que ha comparecido presencialmente, se ha acogido a su derecho a no declarar para no responder a las preguntas de la Fiscalía, por lo que ha contestado únicamente a las de su defensa. «¿Tuvo algún tipo de participación en los hechos en los que está siendo acusado?·, le ha planteado su abogado. «No, ninguna, desconozco», ha afirmado.
Se trata del atentado ejecutado por el ‘Comando Goierri’ de ETA contra dos coches patrulla de la Guardia Civil a su salida del cuartel de Villafranca de Ordicia con fuego de pistolas, ametralladoras y lanzagranadas. El guardia civil Miguel Mateo Pastor sufrió graves lesiones en órganos internos por los que finalmente murió, mientras que los agentes José Luis Bueno Fernández y Custodio Contreras de la Rosa resultaron heridos.
Sin embargo, el descargo de ‘Iñaki Lemona’ choca con lo declarado por el también etarra José Miguel Latasa Guetaria, que en 1997 fue condenado como colaborador en este atentado y este lunes ha comparecido como testigo, al igual que en los juicios contra Pedro José Picabea y Juan Lorenzo Lasa Michelena, condenados en 2003 y 2000, respectivamente, por este ataque.
«Si le soy sincero, del único del que me acuerdo, en realidad, es de ‘Txapela'», ha dicho Latasa Guetaria a la Fiscalía, sobre otro de los etarras que participó en los hechos. No obstante, al mismo tiempo ha suscrito sus palabras en los juicios de Picabea y Lasa Michelena, donde situó a ‘Iñaki Lemona’ en el lugar del atentado al decir que le vio metiendo el lanzagranadas en el maletero de uno de los dos coches utilizados para el ataque.
TODO EL COMANDO
Al margen de sus antiguas declaraciones testificales, Latasa Guetaria ha dado un dato clave en este juicio al afirmar que el día del atentado se reunió con seis personas con las que se trasladó a la intersección donde se produjo el ataque: el kilómetro 422,5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún.
Un inspector jefe que elaboró un informe de inteligencia atribuyendo este atentado al ‘Comando Goierri’ ha contado, en calidad de testigo, que «para ejecutar esta acción se juntaron los dos ‘taldes'» o subgrupos, integrado cada uno por tres personas.
Interrogado sobre el origen de esta información, el testigo ha explicado que la propia organización terrorista lo cuenta en el ‘Zuzen’ número 79, «una publicación interna de ETA que recoge la actividad armada hasta el año 2004». «Concretamente, esta acción está dentro del epífrage que llaman ‘Contra la Guardia Civil’ y hace una pequeña descriptica de cómo es la acción», ha señalado.
Por su parte, José María Velázquez Soriano, que formaba parte de la policía científica de aquel entonces y elaboró un informe sobre lo ocurrido, ha apuntado que los casquillos de bala estaban «dispersos», lo que lleva a pensar que se trató de una «emboscada».
«Había sido una canallada, totalmente, con premeditación y alevosía (*) Estaban esperándolos», ha aseverado, relatando que los tres guardias civiles salieron del cuartel en dos coches patrulla y que, al hacer el Stop para incorporarse a la N-1, los etarras abrieron fuego. «El primer coche salió un poquito, pero el segundo, que estaba parado, fue el que recibió toda la carga», ha ilustrado.
«UN INFIERNO»
Contreras de la Rosa, uno de los agentes heridos, ha descrito la escena como «un infierno». «Fue todo muy rápido, se oyó una explosión y acto seguido metralleta, pistola y nos tiraron dos granadas, que solo con las granadas nos dejaron destrozados», ha recordado.
En su caso, iba en el primer coche y pudo responder a los disparos de los etarras. «No pude identificarlos porque estaba lloviendo y ya a esa hora (sobre las 20.30) había poca visibilidad (*) Pero eran varios porque eran varias armas las que disparaban y desde distintos puntos», ha apostillado, ahondando así en la hipótesis de que estaban los dos ‘taldes’.
Contreras de la Rosa ha precisado que el tiroteo solo duró seis minutos «pero fue muy intenso» y se ha mostrado convencido de que «acabó cuando se quedaron sin munición». En su caso, fue evacuado con el pie «a rastras» por los compañeros del cuartel que bajaron a ayudarles.
Según consta en el escrito de la Fiscalía, Contreras de la Rosa sufrió «una limitación severa de la movilidad» en el pie derecho y tuvo que ser retirado del servicio por «inutilidad física». El otro agente herido, Bueno Fernández, no tuvo secuelas pero tardó más de mil días en recuperarse.
MÁS DE 70 AÑOS DE CÁRCEL
Con todo ello, para la representante del Ministerio Público, no hay «ninguna duda» de que ‘Iñaki Lemona’ «estuvo allí y, de que, entre otras cosas, se dedicó a abrir el maletero para meter los lanzagranadas». «Él ha dicho que no tiene nada que ver con estos hechos, pero la prueba (*) es irrefutable», ha sostenido.
En consecuencia, el Ministerio Fiscal acusa a ‘Iñaki Lemona’ de ser el autor de un delito de atentado previsto en el artículo 407 del Código Penal y de dos delitos de asesinato frustrado del artículo 406.1 y reclama una pena de 30 años de cárcel por el primer delito y de 22 años por cada uno de los otros dos, un total de 74 años de cárcel.
Observa además una circunstancia de premeditación porque hubo una primera tentativa frustrada en enero de ese año y otra de alevosía porque -ha cuestionado– «qué defensa cabe» contra «seis personas que se lian a ametrallar» a otras tres en dos vehículos «inmovilizados».
La Fiscalía pide igualmente una «inhabilitación absoluta» para ‘Iñaki Lemona’ y que indemnice a los padres o herederos del agente fallecido, a los dos agentes heridos y al Estado, por el daño a los dos coches patrulla, por un total de más de 336.000 euros.
«NO SÉ QUÉ PINTO AQUÍ»
La defensa ha avanzado que, una vez haya sentencia y sea firme, solicitará la puesta en libertad de su cliente porque «ya lleva 31 años en prisión de forma continuada» y, si permaneciera encarcelado tras este fallo, –ha esgrimido– se estaría violando su derecho fundamental a la libertad.
En su alegato final, el etarra ha hecho hincapié en esta cuestión, quejándose de que el pasado mes de marzo, «después de 28 años en la cárcel» y «justo» el día en que tenía que salir en libertad tras purgar condenas anteriores, fue encausado por el atentado en Villafranca de Ordicia.
«Hago mías las palabras de lo que ha dicho mi letrado. No sé qué pinto aquí, en este procedimiento, en estas condiciones de estar en prisión. Llevo ya meses en prisión que no debería estar», ha denunciado. El juicio ha quedado visto para sentencia.
