El director general de Salud Pública del Gobierno aragonés, Javier Falo, ha señalado que la mortalidad en la segunda oleada de coronavirus ha sido inferior y solo el 40 por ciento atribuible a residencias. Así lo ha indicado este lunes en la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón en la Cortes de Aragón.
Durante su intervención, Falo ha comentado que la segunda oleada de la pandemia en la Comunidad se inicia el 1 de junio. En este tiempo, se han producido un centenar de brotes en residencias y, «en estos momentos», hay activos unos 70.
Sin embargo, ha explicado que esta segunda oleada tiene «algunos elementos diferenciales» en comparación con la primera, que se ha registrado en marzo en todo el país: «La morbilidad y la mortalidad es inferior, y respecto al total de la mortalidad que se ha producido en esta segunda oleada, únicamente el 40 por ciento es atribuible a la mortalidad producible en las residencias, es decir, la mitad respecto a la primera oleada de la mortalidad es atribuible al fenómeno residencial».
«En la primera oleada, tuvimos cerca de 130 brotes en las residencias y, aproximadamente, hicieron una aportación al 80 por ciento de la mortalidad que se produjo en esta primera oleada, de principios de marzo hasta junio». Ha expuesto que esta aparición de morbilidad y mortalidad no ha sido distribuida de manera homogénea en todas las residencias, sino que ha tenido «especial agrupación en alguna de ellas».
Algo que, probablemente, ha tenido que ver con las características de las residencias y con los modelos de gestión, ha dicho Falo. No obstante, en este punto ha destacado que la implicación de los profesionales en este primer proceso ha sido «muy importante».
«Más de 160 personas del departamento y de los servicios provinciales estuvieron dedicados, con prioridad, a este sector» de las residencias. Así, en la segunda oleada, que se cifra su inicio en el 1 de junio, se han producido un centenar de brotes, con 70 activos, pero con una morbilidad y mortalidad inferior.
REFLEXIÓN
Falo ha indicado que, a finales de junio, se hace una reflexión sobre los aspectos que podrían ser objeto de revisión. De aquellos grupos de trabajo internos, ha mencionado que salieron propuestas como la formación de trabajadores, revisión de protocolos y la elaboración de planes de contingencia.
«Desde Salud pública se tiene que reforzar el liderazgo que tenemos en los brotes». Ha apuntado que en estas situaciones intervienen muchos actores en diferentes ámbitos y asumir un liderazgo es «importante».
«Hay que establecer protocolos basados en la evidencia científica», aunque ha reconocido que esta evidencia científica va cambiando. «Probablemente una de las debilidades que hemos tenido durante todos estos meses es la cantidad de versiones, de procedimientos que hemos ido sacando, y, a veces, eso se puede interpretar como improvisación o como flexibilización a la realidad, pero es verdad que hay que intentar que los procedimientos se adapten a evidencias y adaptarlos a ellos».
Por otra parte, Falo ha aclarado que hay que establecer un protocolo de competencias entre los diferentes departamentos. «Por muy bien que nos llevemos entre los departamentos, tenemos que tener claro lo que hacemos en cada uno de ellos, y en algunos momentos, a veces, esas intervenciones no quedan muy claras, o incluso se solapan o se duplican».
También ha abogado por fijar referentes en las residencias «que sepan del tema» y hacer seguimiento de las residencias que no tienen casos. «Hay que contemplar en un futuro la posibilidad de la existencia de recursos de enfermería en todos los centros para que el cuidado de la persona mayor nunca se separe del ámbito de la prevención y de la promoción de la salud».
Falo ha abogado por reforzar los mecanismos preventivos y de barreras, los programas de vacunación y redefinir el papel de los servicios de prevención de riesgos laborales. Asimismo, ha opinado que hay que recuperar «el espíritu y la letra del plan de salud 2030».
FUERTE IMPACTO
Falo ha destacado que la aparición de la COVID-19 en España y en Aragón puso en evidencia el fuerte impacto que iba a tener en los dispositivos residenciales en personas mayores. Ha señalado que esto ocurre también con otros procesos infecciones y se debe a que se trata de población vulnerable, de edad avanzada, con menor capacidad de respuesta inmunológica y que además comparten espacios cerrados donde la probabilidad de trasmisión es mayor y, a veces, con una evidente dificultad para adoptar medidas de protección e higiene por las características de los cuidados o de las propias circunstancias en las que pueden estar los ancianos.
«Es verdad que ya algunas experiencias previas, como los procesos gripales, ya nos habían establecido algunas señales de alerta, los brotes residenciales no son nuevos», ha reconocido, al tiempo que ha apuntado que estas situaciones ya encendían «algunas luces» con respecto a la introducción de los mecanismos de prevención, «como las bajas coberturas vacunales en profesionales o la limitación en la disponibilidad de medidas preventivas en estos recursos».
Aún así, ha continuado, «ningún modelo predictivo comunitario acertó con el papel que estos dispositivos tendrían en la trasmisión de la enfermedad ni en sus resultados finales, tanto en morbilidad como en mortalidad».
VÍAS DE TRASMISIÓN
Falo ha apuntado que, durante el transcurso de la primera oleada epidémica, lo que se hizo fue intentar apoyar las posibilidades que los centros tenían para ser barrera de contención. «Si el primer caso en Aragón se dio el 4 de marzo, el 5 de marzo ya se hizo una primera visita a la primera residencia que tuvo un caso positivo en esa fecha».
Las recomendaciones se fueron volcando en procedimientos de trabajo, la primera a principios de marzo donde se establecieron recomendaciones en un formato de guía de salud pública y que se ha ido colgando en página web y que ha tenido numerosas modificaciones y variaciones durante estos meses.
Dentro del plan específico de actuación se contempló, entre otras medidas, la asignación de profesionales de Salud pública a cada una de las residencias. El objetivo era establecer una comunicación «estrecha y ágil» ante cualquier duda o incidencia.
Además, se puso en marcha un procedimiento de vigilancia intensificada en este ámbito, de manera que se establecieron equipos conjuntos de atención primaria y Salud pública, que visitaron cada uno de los centros residenciales que plantearon acciones de inspección, apoyo a la gestión de los centros y la aplicación de pruebas.
ATENCIÓN SANITARIA
En la misma comisión especial, el director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, ha recalcado que el modelo de atención sanitaria en las residencias no debe ser diferente de la atención domiciliaria.
Así, «se debe llevar a cabo una asistencia sanitaria proactiva, con baremación de pacientes y sus necesidades, la elaboración del plan de cuidados individualizado, la atención clínica urgente programada y el seguimiento clínico de los pacientes, todo con el fin de prestar los cuidados que sean necesarios y evitar hospitalizaciones innecesarias».
En el caso de que el centro cuente con un servicio sanitario propio «debe definirse y protocolizarse el modelo de colaboración profesional a desarrollar entre el personal propio del centro y el del equipo de atención primaria que se responsabiliza de la atención de esa zona de salud», ha añadido.
Ha insistido en la importancia un plan de contingencia para un escenario de pandemia como el actual, «cuando pueden sobrepasarse las capacidades habituales de los centros de salud, para dar una atención sanitaria adecuada y a tiempo».
