Unidas Podemos ha presentado este lunes una campaña con la que busca concienciar a la población sobre la necesidad de que el Mar Menor sea declarado Parque Regional para dotarlo del máximo grado de protección, informaron fuentes de la formación en un comunicado.
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha explicado que con esta campaña se pretende «implicar a la sociedad en la necesidad de buscar una solución alternativa al vergonzoso pacto del nitrato de PP, PSOE y Ciudadanos».
Marín se ha referido así a la Ley Protección Integral del Mar Menor, con la que «se permite arrojar 170 kilos de nitratos por hectárea, lo que supondrá agravar el deterioro de una laguna que ya está agonizando».
Esta ley, según la parlamentaria, está hecha para «blanquear las prácticas contaminantes de parte de las empresas de la agroindustria, responsables en gran medida del colapso del Mar Menor, pero que tienen un inmenso poder económico y político en la Región».
La campaña para la declaración de Parque Regional consistirá en la difusión de la propuesta mediante vallas publicitarias, cartelería, pegatinas y vídeos.
La diputada de Podemos ha lamentado el «cambio de actitud» del portavoz del PSRM-PSOE, Diego Conesa, de quien ha dicho que «pasó de anunciar mociones de censura contra López Miras si no tomaba medidas para acabar con la destrucción del Mar Menor a asumir todas y cada una de las exigencias de los grandes empresarios de la agroindustria y sumarse a un acuerdo que condena» este espacio «a la extinción».
Además, la diputada de la formación ‘morada’ ha anunciado que en las próximas semanas Unidas Podemos presentará iniciativas en los ayuntamientos costeros dirigidas a apoyar la declaración del Mar Menor como Parque Regional, que se sumarán a la registrada en el Congreso por el diputado Javier Sánchez Serna para incluir al Mar Menor en el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición.
Marín ha reprochado que desde el Gobierno Regional «jamás se ha querido escuchar a los colectivos ecologistas y vecinales», sino que, a su juicio, se ha legislado «exclusivamente para favorecer los intereses de un grupo reducido de grandes empresas dispuestas a sacar el máximo beneficio, aunque suponga acabar con el patrimonio natural de todos y todas».