La asociación ciudadana Citizens for a Pro-Business Delaware reclama cambios en el sistema judicial de uno de los Estados antaño más prósperos para las empresas en EEUU. Fundada en 2016 por trabajadores de TransPerfect para luchar contra la venta forzosa de la compañía que ponía en peligro 4.000 empleos a nivel mundial, más de 600 en Barcelona, se erige hoy como una de las principales asociaciones que luchan para que Delaware vuelva a favorecer la competitividad, la captación de empresas y la generación de empleo.
Chris Coffey, portavoz de Citizens for a Pro-Business Delaware, subraya que “existe una peligrosa falta de transparencia en el sistema judicial de Delaware” y afirma que ello está teniendo “un efecto negativo importante en la reputación de Delaware”. La Cámara de Comercio de Estados Unidos sostiene esta teoría en su ranking de neutralidad de los sistemas judiciales del país en el que Delaware baja de la primera posición a la undécima, dejando en evidencia las últimas decisiones tomadas por el sistema judicial del Estado.
Citizens for a Pro-Business Delaware crítica duramente a la Corte Suprema de Delaware y a la firma de abogados Skadden. Alerta de “un grave problema de puertas giratorias entre los tribunales de Delaware y los bufetes de abogados”, les responsabiliza de “reducir la confianza y el respeto en la capacidad de Delaware para resolver disputas comerciales y tratar de manera responsable a las empresas”, y añade que el sistema judicial de Delaware no será “justo” mientras “los jueces puedan darse la vuelta y generar millones en el sector privado vendiendo su influencia al mejor postor.”
Coffey apunta que el despacho de abogados Skadden Arps y su socio Robert Pincus han sido los principales beneficiados de la venta forzosa de TransPerfect y subraya que esta firma ha roto durante años “los estándares éticos requeridos para las firmas de abogados internacionales”. “Lo hemos visto de primera mano en Delaware con el caso TransPerfect, pero también lo hemos visto en el escándalo de Ucrania, y con la aplicación de los ‘Skaddenomics’, que han permitido a la compañía facturar por presuntos servicios sin detallar”.
Skadden emitió facturas a TransPerfect por valor de 12,5 millones de euros que tras la venta de la compañía permanecen selladas por decisión del juez Bouchard, alegando que deben mantenerse en secreto, algo que va contra la ley de Estados Unidos.
En los próximos meses Citizens va a continuar “dando visibilidad a los casos de corrupción y conflicto de intereses que afectan a la Corte Suprema de Delaware y a firmas de abogados como Skadden Arps y Morris Nichols”. Asimismo, Coffey destaca que se encuentran en proceso de crear un “comité de acción política” para “abogar por candidatos que defiendan la transparencia” y “denunciar a aquellos que se interpongan en el camino del progreso por todo lo que ello implica para sus fortunas personales”.
CASO TRANSPERFECT
El Caso Transperfect estalló en 2016 fruto de un conflicto accionarial que el juez de la Corte Suprema de Delaware, André Bouchard, resolvía decretando la venta forzosa de la compañía exponiéndola a fondos privados para su disolución y poniendo en riesgo 4.000 trabajadores en todo el mundo, 600 en Barcelona donde la compañía tiene una de las oficinas más importantes a nivel global.
Su fundador, Phil Shawe, adquirió el 100% de la multinacional tecnológica de servicios lingüísticos poniendo fin al conflicto y asegurando su futuro y el de sus empleados. Hoy la compañía mantiene su crecimiento y el año 2019 facturó 764 millones de dólares.
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