Alrededor del 60% de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en la actualidad podrían perder su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia causada por la Covid-19 y la temporalidad de sus contratos.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden del estudio ‘Efectos y consecuencias de la Covid-19 entre las personas con discapacidad’, del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet), presentado este viernes en un encuentro en el que intervinieron el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez y el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Ángel Celada.
Para el desarrollo de la investigación, coordinada por Luis Enrique Quifez y Cristina Silván, se remitió una encuesta online a más de 14.000 usuarios de la base de datos de Inserta Empleo y se distribuyó en redes sociales con el fin de llegar a personas con discapacidad ajenas a la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo.
Según precisó Quifez durante su presentación, se obtuvieron un total de 1.460 respuestas, lo que convierte a la muestra posiblemente en la más importante realizada para personas con discapacidad y su relación con el coronavirus y las respuestas se recogieron entre el 6 y el 25 de mayo.
SITUACIÓN LABORAL
En el momento de realización de la muestra, el 27% de los encuestados se encontraban ocupados, el 53% desempleados y el 18% inactivos. El 66% de los que estaban trabajando lo hacían con un contrato temporal y el 61% de ellos llevaba menos de un año en la empresa, datos que ante la inminente crisis económica podrían desencadenar en desempleo.
Frente a la difícil situación económica, el 42% de las empresas en las que trabajan las personas con discapacidad encuestadas han aplicado un ERTE; un 17% ha optado por el teletrabajo y un 12% han incluido reducción de jornada mientras que tan solo un 2% ha considerado el despido de trabajadores.
De manera personal y específica hasta el 37% se han visto afectados por un ERTE y un 14% ha pasado a la modalidad de teletrabajo y respecto a los encuestados desempleados, un 47% afirmó llevar ya tiempo en esa situación y un 12% señaló haber perdido su trabajo a raíz de la crisis económica como consecuencia de la Covid-19. Los indicadores evidencian que se trata de un colectivo en riesgo que tiene una situación de partida compleja que se puede ver agravada por la pandemia y sus consecuencias.
Muestra de ello es el hecho de que el mes de abril acumuló el número de contratos específicos a personas con discapacidad más bajo desde hace 14 años, con una caída del 74% del empleo respecto al mismo mes del año pasado. El análisis de sus puestos de trabajo anteriores a la situación de desempleo reitera un empleo incierto y oscilante pues el 65,4% tenía un contrato temporal y el 58% llevaba en la empresa menos de un año.
Se identifica en la muestra un pequeño grupo de emprendedores, principalmente con negocios jóvenes ya que el 67% tienen una trayectoria inferior a tres años mientras que el 28% han recurrido al ERTE como medida ante la inactividad y el 14% ha aplicado el teletrabajo.
Un 37% de los consultados no dispone de ningún tipo de prestación, por lo que, si se tiene en cuenta que hay un 53% de desempleados, existe un importante segmento que no está recibiendo ningún tipo de ingreso.
FUTURO
Cerca del 47% de las personas que han participado en el estudio considera que le resultará “muy complejo” encontrar un empleo y ante la falta de ingresos, un 23% indica que tendrá que privarse de ciertos servicios y actividades de ocio, un 22% señala que no podrá hacer frente a créditos e hipotecas y otro 10% refiere que no podrá pagar suministros básicos. Un 60% considera que tardaremos más de un año en volver a la normalidad e incluso un 5% apunta que nunca la recuperaremos.
La formación emerge como herramienta relevante para afrontar el complejo futuro socioeconómico al que aboca la Covid-19 y así lo valora el 79% de los encuestados. Además, un 28% de ellos afirma estar invirtiendo su tiempo de confinamiento en formación y respecto a las diversas materias en las que consideran que sería adecuado formarse, las personas con discapacidad apuntan principalmente la informática, administración, idiomas, salud, seguridad, prevención, hostelería y electromecánica.
COVID
Los datos recogidos en el estudio indican que el 5% del colectivo afirma haberse visto afectado por el virus y un 8% indica no saber si ha pasado la enfermedad, incertidumbre que, según los autores del estudio, se sustenta en la ausencia de realización de test y en la presencia de sintomatología asociada a la Covid-19. Atendiendo a la muestra que ha indicado ambas circunstancias, es decir, que desconoce si ha pasado la enfermedad y tener síntomas vinculados, se puede deducir que el impacto entre la población con discapacidad se eleva hasta el 13%.
Las medidas que más aplican las personas consultadas para evitar el contagio son lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad (98%) y el uso de la mascarilla se ha generalizado en el 87% de las personas encuestadas si bien otras acciones como llevar guantes, lavar inmediatamente la ropa que se ha utilizado para salir a la calle o evitar entrar en casa con el calzado que se ha utilizado para salir, no son tan frecuentes y un 16% afirma no estar respetando el confinamiento, saliendo de casa para actividades más allá de las necesarias.
El 34% de los encuestados ha visto empeorada su salud física durante el confinamiento y el dato se eleva hasta el 50% si se atiende a la salud psíquica, lo que se refleja en que el 34% ha consumido ansiolíticos o antidepresivos durante el confinamiento. Además, en la misma línea se han incrementado las emociones negativas como tristeza, aburrimiento, miedo, baja autoestima o soledad.
En un 58% de los casos, las personas con discapacidad han visto sus citas y revisiones médicas anuladas o aplazadas si bien, por el contrario, el acceso a fármacos se ha garantizado a través de la atención telefónica y las recetas electrónicas.
El 36% de las personas con discapacidad consultadas vive en hogares de menos de 76 metros cuadrados, con una media de 3,1 personas por hogar y hasta un 13% afirma recibir menos de 500 euros mensuales por hogar.
Informarse sobre el virus parece constituirse como un medio de entretenimiento en sí mismo y un 79% afirma realizarlo “a menudo o muy a menudo” mientras el 69% de encuestados trata de mantener sus rutinas diarias y desde el punto de vista del ocio y entretenimiento, ver televisión, las redes sociales y escuchar música parecen ser las actividades con mayor presencia en este confinamiento.
A la luz de este estudio, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, lamentó que las personas con discapacidad sean “las últimas en acceder al ejercicio de muchos de sus derechos básicos” pero también “las primeras en verse expulsadas cuando se producen situaciones de crisis e incertidumbre”.
Por ello, para Fundación ONCE era “necesario” abordar este estudio para “saber dónde estamos y cómo abordar la situación”, pero también como “advertencia” de la urgencia de “actuar” para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y para “alertar sobre su situación”.
En la misma línea, la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, encargada de conducir el acto, llamó a “hacer que las personas con discapacidad no sean las últimas, sino que estén en la puerta de salida de todos los derechos y de todas las decisiones que se tomen” a partir de ahora una vez se supere la crisis.
Carcedo destacó que Fundación ONCE e Inserta Empleo se han “preocupado y ocupado” de las personas con discapacidad antes y durante la pandemia y lo seguirán haciendo durante la “nueva normalidad”. “Pero, para poder hacerlo bien, es imprescindible saber cómo nos ha afectado la Covid-19 y de qué manera va a repercutir en nuestra incorporación y mantenimiento en un mercado laboral en el que ya estábamos en desventaja antes de que el virus trastocara el mundo”, espetó.
El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, defendió que este estudio “ayudará a orientar, adecuar y formular mejores políticas, estrategias público privadas, sociales, cívicas, empresariales y de las administraciones para ir atenuando el impacto desmedido que la pandemia ha tenido en las personas con discapacidad”.
Para Pérez Bueno, el estudio ha “levantado acta y atestado de qué ha ocurrido con las personas con discapacidad durante la pandemia” y ofrece una “imagen sombría” pero también “amplia, fiel y actualizada de lo que la pandemia ha provocado a las personas con discapacidad” y de una realidad “nada halagüeña, pero que tenemos que encarar necesariamente con toda su crudeza”.
En este punto, agradeció el apoyo de entidades como el Grupo Social ONCE que, a su entender, es “ejemplo y modelo” de “implicación, compromiso, apoyo y socorro en el ámbito de la discapacidad”. “Ahora es la hora de la respuesta pública y el sector de la discapacidad ha hecho sus deberes desde el primer momento y ha planteado cuáles son sus necesidades”, indicó, convencido de que, “solo sobre unas bases sociales, sobre unos cimientos firmes, sólidos, que tienen que ver en una clave social e inclusiva podremos afrontar el enorme reto y desafío de la reconstrucción”.
Finalmente, el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Ángel Celada, defendió que este estudio es un “referente social” en el sector de la discapacidad y consideró “necesaria y urgente” una “mayor coordinación” entre administraciones además de la existencia de una sociedad civil “organizada” en torno a la discapacidad y “liderada” por organizaciones como Fundación ONCE.
“La solidaridad de la discapacidad debe ser un ejemplo para toda la ciudadanía y las empresas privadas también tienen que participar en esa construcción, más que reconstrucción, de una serie de pilares en los que la discapacidad esté mucho más sólida y fuerte”, resolvió no sin antes recordar que “lo social tiene que estar presente también en el ámbito sanitario para poder construir con solidez esos cimientos”.
Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de Fundación ONCE (‘http://www.odismet.es/’), se conforma como referente para la difusión de información sobre personas con discapacidad y su relación con el empleo y se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
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