Un total de 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan la ayuda de otros para salir de sus domicilios y hay 100.000 personas que no pueden hacerlo nunca debido a la falta de accesibilidad en inmuebles y viviendas, según el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, que denuncia la situación en el informe elaborado tras su visita a España, publicado este jueves.
Durante los 12 días que pasó en España (del 27 de enero al 7 de febrero de este año), el relator visitó Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, y se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatal; representantes de la sociedad civil; miembros del mundo académico, y personas afectadas por la pobreza tanto en el ámbito urbana como en las urbes.
Visitó numerosos centros sociales y escuelas, oficinas de rganizaciones no gubernamentales, un centro para personas con discapacidad, una oficina de servicios sociales, un asentamiento informal de trabajadores migrantes, un bloque de viviendas privatizado, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades romaníes.
Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales de España cumplen los criterios de accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida o con discapacidad.
POBREZA
Según este informe, casi un tercio de las personas con discapacidad (31,1%) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, por el 24,1% de la población general. Además, su tasa de empleo se situaba en el 25,8%, porcentaje muy inferior al de las personas sin discapacidad (65,9%). La falta de viviendas accesibles empeora aún más la situación, agrega. Por otro lado, critica que el 16,5% de los niños con discapacidad reciben una enseñanza segregada fuera del sistema educativo ordinario.
En general, las personas con discapacidad de toda España que hablaron con el relator especial hicieron gran hincapié en la discriminación que sufrían en el mercado laboral y en la sociedad, y «en lo mucho que tenían que luchar para hacer valer sus derechos». Por ello, insta al Gobierno a «ocuparse con prioridad de eliminar estas numerosas formas de discriminación».
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