La Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte ha reconocido que “no es posible adelantar plazos ni previsiones de ejecución de las obras” para eliminar los problemas de accesibilidad universal que todavía presenta el Museo Sorolla de Madrid.
Así lo pone de relieve la Subdirección General de Museos Estatales en un escrito de respuesta al requerimiento de información realizado por la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ante el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó una queja denunciando las carencias de accesibilidad existentes en el Museo Sorolla.
Aunque la subdirección general afirma que la consecución de la accesibilidad universal en el ámbito de los museos estatales continúa siendo uno de sus “objetivos prioritarios”, explica que para llevar a cabo las reformas pertinentes, “actualmente, se está a la espera de que el Ministerio de Fomento, como competente en materia de suelo y vivienda, eleve el expediente a la aprobación del Consejo de Ministros y, una vez que se apruebe, se iniciará la fase de redacción del proyecto de ejecución, paso previo a la licitación y ejecución de las obras para rehabilitación y ampliación del Museo Sorolla”.
Además, la Subdirección General repasa todos los antecedentes desde 2017, cuando se empezó a trabajar para poner en marcha el proyecto para reformar la pinacoteca. Superados todos los trámites burocráticos, señala que el proyecto quedó paralizado en 2019, cuando el Ejecutivo entró en funciones durante meses por el contexto político.
En este punto, el Cermi Estatal deplora que “la burocratización y los formalismos administrativos impidan alcanzar el mandato de la accesibilidad universal de un bien cultural de primera importancia, al impedir disfrutar de este museo en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad”.
Asimismo, recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consagra el derecho al acceso a la cultura de esta parte de la ciudadanía, al tiempo que denuncia que a finales de 2017 concluyó el plazo que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles.
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