El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que “la regulación legal del trabajo a distancia o teletrabajo recoja debidamente la realidad y las peculiaridades de las personas con discapacidad, para que este grupo de población no quede excluido o en peores condiciones en esta modalidad de prestación laboral”.
En su informe de alegaciones a la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia, abierta por Trabajo hasta el día 22 de junio, el Cermi considera que esta nueva normativa tiene que tener “muy presente” la situación y necesidades de las personas con discapacidad.
A su juicio, un aspecto esencial es el de garantizar las condiciones de accesibilidad universal de los canales, soportes y formatos de teletrabajo, “para que ningún trabajador a distancia con discapacidad vea mermadas su empleabilidad y el despliegue pleno de sus potencialidades laborales”.
El Cermi advierte también de que “el teletrabajo no puede ser una excusa para debilitar los derechos de los trabajadores o reducir las condiciones laborales, sino una modalidad, ya sea a tiempo completo o parcial, de la prestación laboral con el mismo grado de protección que la presencial”.
Para el movimiento social de la discapacidad, “si el teletrabajo se regula bien abrirá ventanas de oportunidad para un mayor acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad”.
“España carece en su ordenamiento laboral de normativa sobre el teletrabajo, modalidad de prestación laboral que se ha impuesto sobrevenidamente como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha obligado estos últimos meses al cierre de empresas y centros laborales y a trabajar desde el confinamiento domiciliario”, zanja el Cermi.
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