Plena Inclusión lamentó este lunes que el nuevo Ingreso Mínimo Vital no contemple a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’ independiente de su grupo familiar a la hora de acceder a dicha ayuda.
A su juicio, la nueva prestación «no reconoce a las personas con discapacidad como colectivo especialmente vulnerable», cuando la incidencia de la pobreza entre este colectivo es muy signifcativa.
Según explicó, una de cada tres personas en riesgo de pobreza y exclusión tiene alguna discapacidad, cifra siete veces superior al resto de la población.
En las propuestas presentadas al Gobierno, Plena Inclusión solicitaba alguna medida que compensase «los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad, en la línea del ‘complemento de monoparentalidad’ que sí recoge la ley». También proponía al Ejecutivo diseñar el Ingreso Mínimo Vital como un incentivador del empleo para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, definición recogida en el Real Decreto de Empleo con Apoyo de 2007, que se refiere a “personas con parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad intelectual en un grado igual o superior al 33%; y físico o sensorial en un grado igual o superior al 65%”. «En este ámbito, la ley del IMV parece dejar una puerta abierta a posteriores reglamentaciones», recalcó López.
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