Derechos Sociales diseña un protocolo para la apertura ‘segura’ de los centros de día para dependientes

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, “el objetivo es garantizar una vuelta escalonada de la población usuaria y del personal a los centros dando prioridad a los que más lo necesitan”.

La instrucción, elaborada de forma conjunta con Cabildos insulares y Sanidad, recoge un amplio abanico de medidas dirigidas a garantizar la protección y de seguridad de usuarios, personal y familias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de Derechos Sociales, ha elaborado un documento en el que se establecen las condiciones mínimas que se deben cumplir en la apertura de los centros de estancia diurna en aplicación de lo que habilitaba a las comunidades autónomas que se encontraban en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Estas medidas afectarán a las más de 5.000 plazas en centros de estancia diurna existentes en Canarias.

Según explica la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el objetivo de esta instrucción, elaborada de forma conjunta con los siete Cabildos insulares y la Consejería de Sanidad, “es establecer un conjunto de medidas que proporcionen una atención de forma adecuada a la población usuaria de los centros de día para personas en situación de dependencia y que garantice la seguridad de la misma y del personal que trabaja en los centros ante la situación del Covid-19”.

El objetivo es que el regreso a los centros de día se realice de forma escalonada, según las condiciones de cada centro y dando prioridad a los usuarios con mayor grado de dependencia y a las familias que cuenten con mayores dificultades para poder conciliar el cuidado de su familiar con las responsabilidades laborales.

“Desde que se publicó la Orden por parte del Estado el pasado 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1, desde la Consejería hemos estado trabajando de forma muy directa con los Cabildos insulares, que son los que gestionan los centros, así como con el servicio de Inspección de la Consejería y la Dirección general de Salud Pública del Ejecutivo, con el fin de elaborar una instrucción con recomendaciones para la apertura de los centros de día con todas las garantías sanitarias”, aclaró Martínez, quien aseguró que los centros “deben disponer de planes de contingencia adaptados a las características de cada uno y dirigidos a la prevención de la transmisión de SARS CoV 2 entre los trabajadores, entre los usuarios y entre trabajadores y usuarios”.

La Instrucción contempla un amplio conjunto de medidas previas  a la apertura de los centros que incluyen, entre otras, la limpieza exhaustiva de las instalaciones, la formación al personal sobre la nueva organización de la actividad en los centros y las medidas de protección de la salud así como el establecimiento de una programación de forma escalonada del personal con el fin de que se respeten las distancias mínimas de seguridad.

Además, contempla que los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales evaluarán los riesgos a los que se puede enfrentar cada trabajador o trabajadora en el desarrollo de sus tareas y, en función de esos riesgos, establecerá si es necesario el EPI adecuado, si fuera el caso, y en todas las actividades en los centros se llevarán a cabo respetando las medidas de prevención de la transmisión (higiene muy frecuente de manos, distancia física, limpieza y desinfección del entorno, uso de mascarillas y etiqueta respiratoria, y de guantes).

Igualmente, la instrucción indica que cada centro contará con un protocolo de entrada y salida de usuarios del centro, no se permitirán el acceso de personas con síntomas respiratorios o fiebre y se tomará la temperatura a toda persona que vaya a acceder al centro.

“Lo fundamental es garantizar la salud pública de usuarios, personal y familias, para ir, poco a poco, recuperando la normalidad y minimizar al máximo el riesgo de este colectivo de población que es de los más vulnerables”,  concluyó Martínez.