El Defensor del Pueblo cree que deben abordarse «reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias».
La situación de esta población es una de las preocupaciones que la institución refleja en su informe anual 2019 que presentó este miércoles en el Parlamento, y que manifiesta que el año pasado tramitó 20.616 expedientes y dirigió 1.551 resoluciones a las administraciones, casi 3.000 más que en 2018.
Así lo pone de manifiesto en su informe anual de 2019, que ha presentado este miércoles en el Parlamento y que viene acompañado de un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española y la separata ‘Atención a personas mayores. Centros residenciales’. Esas medidas en las residencias deberían exigir, según la institución, «una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector».
En su seguimiento a los centros residenciales, el equipo de Francisco Fernández Marugán, denuncia «dispersión normativa» e «insuficiencia de plazas», reclama aumentar las ratios de personal y mejores asistencia sanitaria e inspecciones.
En este sentido, y a la vista de los efectos que ha tenido la crisis del coronavirus en las personas mayores y, en especial, en los centros residenciales, el Defensor apunta que «sería útil» y «conveniente» estudiar la viabilidad de «un modelo de residencias propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa en España», algo que en su valoración, «no está regulado ni ha sido asi organizado de forma general para todo el sistema».
Ya en 2018, la institución puso de manifiesto en su informe anual el resultado del examen realizado sobre las residencias públicas y privadas de la tercera edad en el conjunto del Estado, examen que se amplió el año pasado y que se incluye en la citada separata remitida a las Cortes. Además de las carencias ya aludidas que la institución ha detectado en eso centros, también se han analizado situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.
«Es necesario prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros», demanda Fernández Marugán.
En 2019 España contaba con 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores: 372.985 plazas en toal. El número de octogenarios supuso el 6,1% de toda la población y el de centenarios ascencdió a 16.303 personas. «Ello pone de manifiesto un claro proceso de envejecimiento del propio envejecimiento que previsiblemente se intensificará en los próximos años».
En este contexto, la estructura de edad de la población y su proyección futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención social», apunta el Defensor que, «por ello» viene examinando «desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos». «El modelo en su conjunto requiere una revisión profunda si se quiere conseguir que haya un número suficiente de plazas residenciales para mayores en las que se preste una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos», insiste la institución.
CIFRAS DEL INFORME
Este ‘Informe Anual 2019’ se presenta, reconoce el Defensor, en un momento en que todo se está viendo profundamente alterado por la crisis del coronavirus. Estas circunstancias, manifestaron fuentes de la institución a Servimedia, han provocado que la entrega del informe no se haya hecho de forma personal como en otras ocasiones sino que, debido a las medidas de prevención por la pandemia del Covid-19 se ha enviado directamente a los registros del Congreso y del Senado.
Así, «algunas de las resoluciones formuladas a las administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar”.
Sin embargo, según apunta, otras de nuestras recomendaciones y sugerencias pasadas, “tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad”, como son, reconoce, la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
Durante 2019 la institución tramitó 20.616 expedientes, entre quejas (20.215), investigaciones de oficio (266) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (135). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 por teléfono.
Según reflejó el Defensor en una nota, además, formuló a las administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
En 2019, el Defensor presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León. A lo largo de su historia, el Defensor del Pueblo ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal.
Madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915), por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución.
CONTRIBUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN
El Defensor ha querido incorpora al informe un volumen extra en el que se analiza la contribución de la inmigración a la economía española. Con estos monográficos, Fernández Marugán quiere hacer una reflexión sobre temas que considera de gran trascendencia, como la demografía o la crisis económica.
El Defensor considera que “la inmigración es un potente agente de transformación” y, por este motivo, cree que debería ser un tema prioritario. En su opinión, “recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria”.
Fernández Marugán cuestiona que España no cuente con un Plan de Ciudadanía e Integración actualizados, que tenga un retraso de más de una década en la aprobación del reglamento de asilo, que el sistema de recepción y atención a los refugiados esté colapsado o que exista una disfunción crónica en materia de regulación y empleo.
El estudio expone que las personas extranjeras suponen el 15% del empleo y asegura que «si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo nuestro mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería a los 16,7 millones de ocupados, una caída que no podría ser sostenida por los trabajadores autóctonos».
SANIDAD
En el ámbito sanitario, el informe llama la atención de que los recortes sanitarios por la crisis económica han tenido una “compensación sólo parcial” y reclama como “imprescindible” el refuerzo de la atención primaria. Asimismo, urge a la introducción de un supuesto de exención del copago para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta.
Otro de los problemas que observa el Defensor es que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas “es muy desigual” en función del territorio, por lo que aboga por “estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas”. “Existe margen para un acuerdo que se traduzca en una propuesta legislativa viable, con un amplio apoyo parlamentario, que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis”.
EDUCACIÓN
Las deficiencias en las instalaciones, las dificultades para acceder a un determinado centro escolar, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor, han seguido motivando el mayor número de quejas de padres, madres, alumnas y alumnos recibidas en la institución relativas al ámbito educativo.
Fernández Marugán reclama “una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, educar en igualdad sea una prioridad y la equidad en el acceso a la educación sea una realidad”.
Además, en 2019, el Defensor insistió en reforzar el sistema de protección a las víctimas de violencia de género y sus hijos y reclamó ampliar la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, en cumplimiento del Convenio de Estambul.
Respecto a los menores, el Defensor del Pueblo ha avisado sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial y considera que las administraciones públicas tienen que adoptar políticas integrales destinadas a apoyar a las familias de acogida.
SERVIMEDIA
