Amnistía Internacional denunció este viernes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han interpuesto sanciones «de forma arbitraria» contra personas que supuestamente desobedecían el real decreto del estado de alarma «sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales».
Además, alertó de que estas actuaciones coercitivas han perjudicado de forma especial a aquellas personas que pertenecen o tratan «con grupos vulnerables y con necesidades específicas».
Según el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, «la aplicación sin matices del estado de alarma ha provocado que muchas personas, a pesar de tener una razón para poder estar en la calle, tengan miedo a ser sancionadas y no salgan».
Explicó que aunque el Ministerio del Interior autorizó la salida de personas con discapacidad con necesidades especiales durante el confinamiento, se han producido casos como el de una persona a la que se le impuso una multa por salir con su hija discapacitada a la compra en coche.
En su opinión, estas arbitrariedades policiales pueden provocar que algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad eviten o reduzcan los paseos, «teniendo así menos formas de luchar contra las crisis de ansiedad».
Por otro lado, Amnistía ha recogido varios testimonios de personas que han sido denunciadas por realizar una labor de asistencia a colectivos vulnerables. Este fue el caso de Javier González, en Santander, denunciado dos veces el mismo día por llevar agua a un grupo de migrantes que vivían en la calle.
Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia global, ni la legitimidad o necesidad de las actuaciones policiales para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento.
Sin embargo, reiteró que «la mera presencia en la calle de algunas personas no constituye obligatoriamente un delito de desobediencia». Beltrán subrayó que «la sanción no debe ser utilizada más que como último recurso, cuando se han agotado otras vías, pero advirtió de que en muchas ocasiones, «los agentes simplemente están usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y a veces ni siquiera atienden a los razonamientos legítimos que les dan las personas».
La organización ha recibido testimonios de ciudadanos denunciados sin mediar ningún tipo de advertencia previa, incluso concurriendo circunstancias que podían legitimar su presencia en la calle, y sin tomar en consideración sus necesidades específicas.
También se han documentado situaciones en las que agentes de las fuerzas de seguridad no se han comportado «con la debida profesionalidad», prosiguió, «actuando incluso contra lo dispuesto en las instrucciones emanadas del Ministerio». Ejemplo de ello es el de una persona multada en Barcelona mientras se dirigía a la única farmacia de guardia que tenía disponible un medicamento para la epilepsia que necesitaba. Los agentes consideraron que se encontraba demasiado lejos de su domicilio y ni se molestaron en corroborar la información que esta persona les intentaba proporcionar.
CONTRA LA ‘LEY MORDAZA’
Según Amnistía, parte del problema radica en la Ley de Seguridad ciudadana que se utiliza como base jurídica para imponer estas sanciones. A su juicio, esta norma otorga «un amplio margen de poder y de discrecionalidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para valorar qué conductas pueden ser susceptibles de considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad».
Esta «discrecionalidad no va acompañada de adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas», prosiguió, lo que «facilita comportamientos abusivos y arbitrarios».
Por todo ello, Amnistía reclamó protocolos claros de actuación policial que contemplen alternativas para mitigar el impacto desproporcionado que las sanciones pueden tener sobre determinadas personas, como vincular la cuantía de la multa a los ingresos de la persona sancionada, o sustituir la sanción por servicios a la comunidad. Además, exigió que se lleve a cabo una evaluación de la actuación policial durante el estado de alarma, y pidió aumentar las garantías contra la arbitrariedad, «a través de instrucciones claras a los agentes para no adoptar un enfoque meramente punitivo», así como la implantación de un mecanismo que permita la recepción de quejas por parte de la ciudadanía sobre posibles abusos.
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