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El Defensor del Pueblo, preocupado por las personas con discapacidad ante la crisis del Covid-19

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha transmitido a las administraciones varias preocupaciones ciudadanas que llegan a la institución sobre la crisis sanitaria del Covid-19 relacionadas con las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Institución ha pedido al Ejecutivo una campaña de divulgación para que la ciudadanía conozca que las personas con discapacidad intelectual pueden dar paseos terapéuticos.

Así se manifiesta en el comunicado publicado este viernes en el que se hace eco de que, tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, «paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma», subraya el texto, el Defensor inició otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad.

En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones.

Además, pide «que se sancione a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma».

El Defensor también se preocupa por las personas con discapacidad en el contexto educativo, que se ha visto afectado por la suspensión de las clases presenciales.

Fernández Marugán es partidario de que «se establezcan medidas para atender a los alumnos sin acceso o con acceso limitado a la formación no presencial y considera necesario llevar a cabo refuerzos educativos en los próximos cursos para suplir las carencias formativas que se hubieran producido en este».

En su opinión, «estos refuerzos deberían ofertase desde ahora y para todos los alumnos y no sólo para los que presenten necesidades específicas».

«En algunos casos puntuales la institución ya ha realizado actuaciones para garantizar que menores con algún tipo de discapacidad puedan recibir los apoyos que necesitan», subaya. El Defensor recuerda que «las diferentes administraciones educativas deben garantizar el acceso universal a la educación virtual cumpliendo con las medidas de accesibilidad, de modo que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas».

ÉTICA ASISTENCIAL

Asimismo, el Defensor del Pueblo dice que ha recibido quejas de ciudadanos acerca de la «posible priorización de pacientes» en esta crisis, que muestran una lógica preocupación por la atención sanitaria que reciben sus allegados, «especialmente cuando se trata de personas mayores o con discapacidad».

«Sobre este asunto, la institución coincide con la posición del Comité de Bioética de España, que en un reciente informe ha recordado que la priorización es algo inherente a cualquier sistema de salud público y de cobertura universal, como el nuestro, y no algo exclusivo de la situación de crisis actual, aunque en ella los dilemas éticos cobran una especial intensidad. El informe del comité recuerda también la necesidad de singularizar las decisiones de esta naturaleza aplicadas a cada paciente», subraya Fernández Marugán.

Además, el Defensor reitera su confianza plena en la «gran profesionalidad y preparación del personal sanitario y en su capacidad insustituible para tomar las decisiones éticas y deontológicas más difíciles en una situación extrema».

Para que puedan desempeñar esa labor fundamental, cree necesario recordar que «los sanitarios deben contar con todos los medios materiales imprescindibles para realizar su función y, también, con el respaldo decidido de las autoridades sanitarias».

Por ello, «ya en los inicios de esta crisis», el Defensor pidió al Ministerio de Sanidad “un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud”, para que los profesionales puedan seguir unos criterios generales a la hora de tener que tomar decisiones médicas en situaciones extremas. En esta línea, la institución «valora positivamente» el documento publicado por Sanidad el pasado 3 de abril que, entre otras cosas, rechaza cualquier forma de discriminación en la atención a los pacientes por su condición de edad o discapacidad.

SERVIMEDIA