El Gobierno ha asegurado que el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que está siendo impulsado por el Ministerio de Justicia, será un “paso decisivo” en la adecuación del ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así lo ha explicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PP en el Congreso de los Diputados, a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El Cermi ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de migrar desde el modelo actual de incapacitaciones legales hacia otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones, salvaguardando la capacidad<u> j</u>urídica de la persona. En este punto, la entidad ha venido trabajando con el anterior Gobierno y con el actual para acometer esta reforma legal, de forma que el Estado español dé cumplimiento a la Convención Internacional de la Discapacidad, tratado de derechos humanos que el Cermi recuerda que es de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado.
En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo detalla que la reforma legal en la que está trabajando supondrá la modificación del Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, la Ley del Registro Civil y la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
El Gobierno precisa que “la reforma de la legislación civil y procesal sustituye la incapacitación por un procedimiento de provisión de apoyos”, al tiempo que “se suprime la tutela para los mayores de edad y la patria potestad prorrogada o rehabilitada”. Además, añade que “la curatela sin incapacitación previa se convierte en la figura central, concebida como apoyo o acompañamiento (curatela asistencial), y en casos excepcionales como traducción vital (curatela representativa)”.
Del mismo modo, el Ejecutivo señala que con esta amplia reforma legal se pretende atender los aspectos personales y no sólo los patrimoniales, con anteposición de las medidas preventivas y de autorregulación frente a las judiciales.
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