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El Cermi insiste al Gobierno en que la discapacidad esté presente “de manera reforzada” en la regulación del Ingreso Mínimo Vital

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) insistió este jueves al Gobierno en la necesidad de que la futura regulación de un Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal tenga en cuenta “de manera reforzada” a las personas con discapacidad, como sucede con otras muchas prestaciones sociales.

Así lo trasladó la plataforma representativa de la discapacidad en España durante una reunión telemática celebrada este jueves con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acompañados por miembros de los equipos de cada departamento.

El Cermi participó en este encuentro junto a otras entidades sociales como Facua, Oxfam Intermón, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y entidades miembros de esta última, como Cáritas y EAPN España.

Durante la reunión, el Cermi agradeció al Gobierno que la discapacidad haya sido tenida en cuenta como operador de este diálogo y puso en valor que, “tras décadas de esperas y omisiones, estemos acariciando la garantía de un ingreso mínimo en el Estado, que no existía, más allá de medidas autonómicas insuficientes”.

La entidad indicó que, aunque para hacer frente a la “grave situación social” ocasionada por la pandemia se aprueben medidas especiales, la regulación de la renta mínima estatal “debe tener vocación estructural y de permanencia” y que debe estar dentro de la Seguridad Social “con carácter de derecho subjetivo”.

Apoyó los planteamientos globales de la Plataforma del Tercer Sector e hizo hincapié en que la discapacidad y la dependencia deben estar presentes de “manera reforzada”, como “ya ocurre con otras muchas prestaciones de la Seguridad Social, incrementando la prestación o facilitando los requisitos de acceso”.

Por último, el Cermi sugirió al Gobierno que las entidades sociales puedan ser declaradas como colaboradoras en la gestión de esta nueva prestación social, a fin de que pueda llegar a personas que están “alejadas” del día a día de las administraciones públicas.

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