Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) animaron este jueves al Gobierno a «cumplir su compromiso» y aprobar de forma urgente la reforma del Código Civil en lo que respecta a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En un comunicado aplaudieron la intención del Gobierno de agilizar la agenda política y social de la discapacidad y de promover la reforma del artículo 49 de la Constitución y del Código Civil, tal como anunció el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Javier Rebollo.
Según ambas entidades, «las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son uno de los colectivos más discriminados por la vigencia de la actual norma que regula la modificación de la capacidad jurídica».
Indicaron que además de incumplir el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta ley dificulta su participación en actos jurídicos, en la toma de decisiones de sus organizaciones o en algunas esferas de su vida como la compra
de una vivienda, firmar contratos o la posibilidad de hacer testamento, indicaron. Por eso, resulta «fundamental aprobar esta reforma».
En esta línea, Alana Cavalcante, asesora jurídica de ambas organizaciones, defendió que la nueva norma «reconozca el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y garantice que, aquellas que lo precisan, cuenten con los ajustes necesarios para la toma de decisiones en los actos jurídicos”.
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