El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saludó este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) mantenga los cambios normativos en materia de accesibilidad a la vivienda contenidos en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fue recurrido por el Partido Popular.
En un comunicado, el Cermi recuerda que el Tribunal de garantías constitucionales ha declarado que el real decreto ley, en la parte que modificaba la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para introducir alguna mejoras de la regulación de la accesibilidad en las comunidades de propietarios, es ajustado a la Constitución y que la urgente necesidad para acudir a la vía extraordinaria del decreto ley quedó acreditada en este punto.
La reforma de la LPH, reclamada por Cermi, mejoraba aunque, a su juicio, de modo insuficiente el régimen legal para realizar obras y actuaciones de accesibilidad en edificios. En concreto, declaraba obligatorias la obras de accesibilidad cuando existieran líneas de ayuda pública para el acondicionamiento de inmuebles en al menos un 75 % del coste. Además, permitía destinar el fondo de reserva que toda comunidad de propietarios tiene el deber de mantener, a la realización de obras de accesibilidad.
«Estas medidas fueran recurridas por el PP al haber impugnado en bloque todo el real decreto ley, sin separar estas previsiones que no eran polémicas políticamente», señala desde el Cermi donde ahora aplauden que el TC haya dictaminado que la norma «era constitucional y por tanto salva estas mejoras normativas».
A pesar de este pronunciamiento judicial favorable, el Cermi sigue exigiendo «una reforma radical de la LPH, que no se circunscriba a aspectos parciales, y que pasa por establecer la obligación de llevar a cabo obras de accesibilidad en las comunidades de propietarios, cuando lo solicite un vecino con discapacidad o mayor de 70 años, recayendo todo el gasto en la comunidad, sin límites en función de la cuantía de la obra como rige en estos momentos». Para el sector social de la discapacidad se trata de una demanda mayor para esta Legislatura que el Gobierno no puede seguir obviando.
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