El mayor de los Mossos d´Esquadra juzgado por la Audiencia Nacional por su participación en el 1-O, Josep Lluis Trapero, aseguró este miércoles en respuesta a las preguntas de su abogada que el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial que tenía que impedir el referéndum, le manifestó “toda la confianza” en el cuerpo autonómico en alguna de la reuniones previas a la jornada de votación.
Una confianza que según declaró el coronel en el juicio del `procés´ celebrado en el Tribunal Supremo no era tal, pero que según Trapero le fue expresamente manifestada.
Su letrada, Olga Tubau le preguntó si entre el 20-S y el 1-O recibió algún reproche de la Fiscalía por su actuación en el registro de la consejería de Economía. «En absoluto», aseguró antes de decir que tampoco vio desconfianza en la Guardia Civil o la Policía Nacional. «No sólo no la detecté, sino que el 21 de septiembre el coronel Diego Pérez de los Cobos me expresó que tenía toda la confianza en Mossos».
Explicó también que en ningún momento el que fuera coordinador del dispositivo le pidió el plan de actuación previsto por los Mossos para hacer frente a las instrucciones de la fiscalía el día del referéndum. «En absoluto. Ni me lo pidió a mí ni a Ferran López (el ‘número dos’ del cuerpo y su sustituto a partir de la aplicación del artículo 155) en las siguientes reuniones», aseguró.
Trapero aseguró en la tercera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos que la instrucción del fiscal que ordenaba evitar el referéndum del 1-O planteaba dificultades de ejecución, entre ellas, la falta de efectivos para hacer un cerco de 100 metros alrededor de los colegios electorales y su repercusión en el tránsito de personas. Estos problemas se plantearon en las reuniones de coordinación.
Siguiendo el esquema del interrogatorio realizado por la Fiscalía entre el lunes y el martes, la defensa del mayor de los Mossos le preguntó sobre los registros realizados el 20-S. Según el acusado, sus agentes intervinieron y colaboraron con la Guardia Civil en su realización, inlcluso en los más conflictivos como el de Joan Ignasi Sánchez en Sabadell.
Preguntado por los contactos con Pérez de los Cobos durante esa jornada, Trapero explicó que el interlocutor era el comisario Ferran López que habló por primera vez con el coronel de la Guardia Civil a las 9.02 minutos, “yo estaba delante y desde desde esa hora e ininterrumpidamente y durante todo el día hubo contactos», explicó.
Trapero insistió en que en situaciones extraordinarias, como la del 20-S «lo normal es establecer un interlocutor por cuerpo (Ferran lo asumía en nombre de Mossos). Es a través de este canal en que se dan respuesta, no a través de otros canales. Las comunicaciones formales son posteriores a la gestión directa que se ha hecho e incluso cuando ya se ha dado respuesta a lo que pedía la Guardia Civil».
El acusado explicó que en el asedio de Economía “hubo 397 agentes, entre 260 y 270 eran de orden público. Y de ellos, 160 o 170 eran de la Brimo». Dijo también que en caso de haber podido establecer el cordón policial para la salida de la comisión judicial de la consejeria solo podría haber valorado su seguridad “el máximo mando de Mossos presente, en este caso el intendente».
La intendente Teresa Laplana, también acusada en este juicio, era, por tanto, ese mando, pero Trapero la eximió de toda responsabilidad: “Su función era evaluar e informar a los órganos superiores y atender y dar respuesta a los requerimientos de la Guardia Civil. No podía dar órdenes a los agentes de orden público».
En todo caso, el Trapero explicó la decisión de no disolver por la fuerza la concentración ante la Consejería de Economía en que el cuerpo autonómico ya llevaba tiempo apostando por la mediación, tras una reflexión sobre actuaciones policiales que habían llevado a cabo en las que resultaron heridas personas que nada tenían que ver con el grupo de violentos que sistemáticamente reventaban todas las manifestaciones que se convocaban.
Al inicio de la sesión de este miércoles las preguntas vinieron del abogado Cristóbal Martell, que representa a Pere Soler. Sobre su papel en el otoño de 2017 dijo que no tuvo nada que ver con “las pautas de actuación» que se dieron a los mandos o jefes de comisaría de los Mossos. Es más, dijo Trapero, Soler no acudía a las reuniones operativas del cuerpo policial y los recursos que se solicitaron fueron autorizados, tanto los que dependían de Soler (los recursos humanos) como los presupuestarios (que dependían de Interior).
El letrado Fermín Morales, abogado de César Puig, ex secretario general de Interior, preguntó al acusado sobre su papel de su defendido. “Todas las necesidades que expusimos desde el cuerpo fueron satisfechas», reiteró Trapero, que confirmó que no este cargo político “no tenía competencias para dar instrucciones a los Mossos. Asistía a reuniones y se le podía escuchar. Pero no daba instrucciones».
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