El Gobierno y la banca han firmado una nueva prórroga, por una duración de otro año, del fondo social de viviendas creado en enero de 2013 por el Ejecutivo del PP para paliar el drama de los desahucios en plena crisis.
El parque integrado por 9.951 viviendas cedidas por la banca estará vigente hasta enero de 2021, tras la prolongación por los ministerios firmantes del convenio, las patronales de los bancos (AEB), de las antiguas cajas de ahorros (CECA), de las rurales (Unacc) y la Asociación Hipotecaria de España.
El parque arrancó con algo menos de 6.000 viviendas cedidas por 33 entidades financieras y con alquileres de entre 150 y los 400 euros para familias en especial situación de vulnerabilidad social y posteriormente se aproximó a los 10.000 inmuebles actuales tras varias ampliaciones del cómputo.
La oferta de estas casas y pisos se abrió para familias que hubiesen sufrido un desahucio, en situación de dificultad extrema -con ingresos máximos familiares de tres veces del salario mínimo profesional-, niños o adultos a cargo, etc.
En su origen se limitaba a hogares desalojados después del 31 de diciembre de 2007 y para alquileres con una duración de dos años, prorrogables en otro más, pudiendo cancelarse antes su uso si los ingresos de la unidad familiar mejoraban y superaban el umbral fijado.
Pero a lo largo de los ejercicios el acuerdo de constitución del fondo fue revisado en varias ocasiones para ampliar el espectro de personas que pueden optar a dichos alquileres sociales, retirando casi todos los límites, condiciones e inclusos umbrales de ingresos fijados para poder ser beneficiario.
La banca es la cesionaria de los inmuebles, pero su asignación a los demandantes, y valoración previa de su situación para conocer si reúnen las condiciones necesarias, corresponde a administraciones locales y otras entidades y organismos como asociaciones sociales.
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