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El Defensor del Pueblo pide al nuevo Gobierno que la lucha contra la violencia de género sea una de sus prioridades en esta legislatura

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió este lunes al nuevo Gobierno que la lucha contra la violencia de género sea una de sus prioridades en esta legislatura. En concreto, exhortó al Ejecutivo de coalición la suspensión de visitas paternas cuando hay una condena por delito de violencia machista, entre otras medidas.

El Defensor plantea, asimismo, mejoras en el sistema de valoración de riesgo para menores y en los puntos de encuentro familiar, aboga por una mayor y mejor formación en violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los empleados públicos que atienden a las mujeres así como la actualización de los protocolos de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la situación actual y a las necesidades de las víctimas.

A través de sus actuaciones, la institución ha detectado un déficit en el sistema VioGen, que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género. Este sistema no cuenta con una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Para la institución, su condición y especial situación de vulnerabilidad y de madurez hacen necesario una estimación específica, con indicadores propios.

Por este motivo, para mejorar la protección de estos niños y niñas, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Seguridad que desarrolle y ponga en funcionamiento un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra menores que sea propio y adecuado para el tipo de riesgo al que están sometidos.

Para Fernández Marugán, los menores de edad son siempre víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres y por eso ha recomendado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, y la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.

Por otra parte, es consciente de los inconvenientes que la situación legal del empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que residen en pisos tutelados o casas de acogida causa a estas mujeres y a sus hijas e hijos.

Por este motivo, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Política Territorial modificar la normativa vigente en los casos de empadronamiento de víctimas de violencia de género que, viviendo de hecho en el municipio bajo el amparo de la autoridad pública, no puedan facilitar el domicilio por razones de seguridad.

SERVIMEDIA