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El Gobierno avisa a la Generalitat que “no va a permitir que se salte la ley ninguna administración”

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez reafirmó este viernes su “firme compromiso” con el cumplimiento y la protección de la ley y garantizó que “no va a permitir que ninguna administración se salte la ley o la incumpla”.

Así lo aseguró la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta mañana cuando los periodistas le preguntaron con insistencia si tras pactar la investidura con Esquerra Republicana de Cataluña va a recurrir actuaciones contrarias a la legislación vigente o la Constitución.

Montero justificó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya recurrido todavía la resolución de autodeterminación que aprobó el Parlamento de Cataluña a finales de noviembre, para lo que dispone de un plazo de dos meses, y negó que esté dejando pasar el plazo para no actuar ante los compromisos adquiridos en la investidura.

Aseguró que “los procedimientos a veces son largos porque se necesita darle cuerpo” a los recursos que se plantean, además de estudiar el fondo jurídico de las cuestiones. Sin embargo, al ser preguntada sobre el propósito de Sánchez de desjudicializar el denominado conflicto catalán ratificó el deseo de que “los conflictos políticos se solucionen en el plano político”.

Montero negó que exista un trato desigual a las comunidades autónomas tras anunciar que este mismo viernes el Consejo de Ministros acordó enviar un requerimiento a la Región de Murcia contra el llamado ‘pin parental’ por considerar que vulnera derechos fundamentales de los menores.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseveró que en el caso de Murcia se ha reaccionado con urgencia porque “afecta a terceros” al tratarse de la educación de los menores, mientras que Montero subrayó que “en todos los casos se ha tratado la situación en pie de igualdad” para no discriminar a autonomías.

“Cuando el Ejecutivo de Cataluña ha publicado alguna norma que contravenía el ordenamiento vigente se ha recurrido y en caso contrario se ha ido a instituciones” a buscar otra solución. De hecho, al ser preguntada sobre el caso de las embajadas catalanas ensalzó que el Gobierno “recurrió la apertura de tres delegaciones” y la Generalitat al final “incorporó los procedimientos” reclamados desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar que esas oficinas fueran “sustitutivas” de las tareas encomendadas por el Estado.

SERVIMEDIA