Ciudadanos quiere asegurar en toda la Unión Europea que las personas condenadas por delitos de terrorismo siguen estando inhabilitadas para el ejercicio de cargo público después de cumplir sus penas de prisión.
El portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, presentaron en rueda de prensa una iniciativa para modificar la Directiva 2017/541 de lucha contra el terrorismo, que tiene que ser traspuesta a los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros.
Bal explicó que esa Directiva preve la armonización de las penas para los delitos más graves y Ciudadanos considera que los condenados por pertenencia a banda terrorista deben ver agravada la pena de inhabilitación para empleo público de forma que al salir de prisión no puedan ocupar esos cargos.
Ciudadanos considera que, pese a haber cumplido la pena privativa de libertad, ver a esas personas ocupando cargos públicos, en algunos casos relevantes para la comunidad, y cuyo sueldo es sufragado por todos los conciudadanos agrava el dolor de las víctimas, especialmente en el caso de quienes no han renunciado a la violencia y persisten en sus «fines fanáticos».
Su propuesta es que esa pena de inhabilitación pueda moderarse en los supuestos de renuncia a la lucha armada, de perdón a las víctimas, de arrepentimiento y de colaboración con el esclarecimiento de delitos sin resolver.
La Directiva establece un marco general que cada Estado debe trasponer a su ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que cada Estado tiene su Código Penal asentado en diferentes principios. Por ejemplo, explicó, en algunos Estados la cadena perpetua es constitucional, pero no en España, donde la doctrina es «unánime» en que la pena de prisión permanente tiene que ser revisable.
Tampoco podría ser permanente esa pena de inhabilitación sin revisión, pero Ciudadanos insiste en que tiene que ser en todo caso superior a la privativa de libertad para que realmente sea efectiva, dado que en caso de haber pena de cárcel la de inhabilitación se va cumpliendo de forma simultánea.
Quiere, además, que sea de imposición automática, es decir, que el juez tenga que imponerla «necesariamente» sin posibilidad alguna de valoración o ponderación por su parte en el caso de condena por esos delitos especialmente graves.
Pagazaurtundua explicó que los datos analizados por su partido apuntan a que los delitos de odio están creciendo en toda Europa, con nuevas y diferentes formas de terrorismo y de mecanismos para alterar la paz y el orden democrático. Llama por ello a legislar con «espíritu de época» entendiendo la «patología política» de quienes, después de haber cumplido sus penas de prisión, siguen pretendiendo utilizar las instituciones para conseguir los mismos fines.
En el caso del País Vasco, relató, ha habido casos de policías locales, bomberos y demás funcionarios que después de cumplir su condena por terrorismo han vuelto a ocupar sus puestos en la función pública, siendo recibidos además «como héroes». Lo ha vivido incluso en primera persona, denunció, con «los chivatos que fueron absolutamente necesarios para el asesinato de mi hermano».
Muchos casos pasan desapercibidos, aseguró, y son funcionarios públicos que no se han reinsertado de forma plena y que incurren en «enaltecimiento» de las «atrocidades» por las que fueron a prisión.
Con todos esos datos y reflexiones, Ciudadanos ha enviado una carta a la comisaria competente, con la que espera poder hablar «en breve» para pedirle que la legislación comunitaria se vaya adecuando a la realidad de los delitos que es necesario atajar en todos los Estados de la UE.
SERVIMEDIA
