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Cermi Mujeres exige ilegalizar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad para cumplir los tratados de derechos humanos

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Ana Peláez, ha exigido que se reforme el segundo apartado del artículo 156 del Código Penal para acabar con la excepción legal que sigue permitiendo que se pueda llevar a cabo una esterilización no consentida a personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos de tratados internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio de Estambul.

En una entrevista en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER recogida por Servimedia, Peláez advirtió de que “se esteriliza sobre todo a mujeres y niñas con discapacidad porque el 98% de estas prácticas se dan en la población femenina con discapacidad”. En su opinión, se piensa que “con una medida de este tipo se va a evitar un embarazo no deseado” o se hace “por no considerar apta a una mujer como madre”.

Ana Peláez explicó que en los últimos años hay registro de una media de casi 70 esterilizaciones por ejercicio, aunque alertó de que hay casos “que no se registran”. De esta forma, denunció que se dan casos de mujeres que son esterilizadas en el momento de su primer parto.

También criticó que en algunos recursos se pida a la familia que la mujer o adolescente con discapacidad sea esterilizada antes de su ingreso, “aunque este requisito no aparece en ningún reglamento oficial”.

Por otra parte, en el programa intervino una mujer que detalló el caso de un familiar a cuya hija se le aconsejó por parte del personal sanitario proceder a una esterilización, aunque finalmente no se llevó a cabo. En este sentido, Vicente Bellver, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y Miembro del Comité de Bioética de España, destacó que “hemos progresado con la primera reforma del Código Penal de 2015

Pero tenemos que dar el paso para que esa posibilidad desaparezca del Código Penal”. A su juicio, no es ético que un profesional sanitario recomiende la esterilización, “pero hay que tener en cuenta el contexto de que la legislación de 1995 lo permitía”.

SERVIMEDIA