El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, afirmó este viernes que no reconoce “los efectos que pueda tener esta resolución que no es más que un golpe de Estado a la soberanía del Parlamento Catalán”, según se refirió a la de la Junta Electoral Central, hoy avalada por el Tribunal Supremo, que le inhabilita como diputado catalán.
«Soy diputado del Parlament y presidente de Cataluña», manifestó Torra en una declaración institucional al término de una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán y tras mantener otros encuentros con el presidente del Parlamento catalán y los grupos independentistas a los que convocó después de que el Supremo rechazara su recurso en el que pedía aplazar la ejecución de su inhabilitación.
Para Torra, esta resolución es “una nueva vulneración grave e inaceptable» de la soberanía del Parlamento catalán y un “ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de un cargo electo”, dentro de lo que entiende como “una causa general contra el independentismo”.
El presidente recordó que el Parlamento catalán se comprometió a que su reglamento prevaleciera sobre las resoluciones de la Junta Electoral -que entiende como una «injerencia irregular» lo que está ocurriendo-, y estableció que esta institución «es el representante de la soberanía del pueblo de Cataluña y el único que puede decidir quién pierde la condición de diputado, a través de los mecanismos que establece su Reglamento».
El Parlamento catalán también es, añadió, «el único marco jurídico aplicable a la hora de escoger y cesar a la Presidencia de la Generalitat».
El propio Torrent anunció después de la resolución del Supremo rechazando el recurso de Torra que éste seguiría siendo diputado porque el Reglamento de la cámara no contempla el supuesto de «ineligibilidad sobrevenida» para que un parlamentario pierda la condición de tal. Por tanto, Torra tampoco perdería la condición de presidente, para la que el Estatuto catalán sí establece que se ha de ser diputado autonómico.
El titular de la Presidencia de la Generalitat llamó a «tomar las medidas oportunas para proteger la máxima institución del país», la que él ostenta, y a defender el respeto a los ciudadanos catalanes.
Enumeró la comunicación del Supremo al Tribunal de Justicia de la UE de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya no es diputado por su condena en el juicio contra el proceso independentista; la prisión preventiva y fianzas impuestas a todos los condenados; el inicio del embargo ordenado por el Tribunal de Cuentas al dirigente de ERC Josep María Jové y el suplicatorio al Parlamento Europeo iniciado por el juez Pablo Llarena para procesar a los ya eurodiputdos Carles Puigdemont y Toni Común.
Tras hacerlo, exigió que «toda esta represión política ha de finalizar de manera inmediata» y dibujó lo que entiende como una «causa general contra el independentismo». También reclamó el reconocimiento del supuesto derecho de autodeterminación, la amnistía de los presos y el «libre retorno de los exiliados».
(SERVIMEDIA)
