El Tribunal Constitucional (TC) será previsiblemente la próxima parada de la causa del ‘procés’ una vez que se ha conocido que el Supremo ha condenado a 89 años de cárcel a los líderes independentistas del 1-O. Al exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras le condena a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación y le inhabilita para el ejercicio de cargo público durante el tiempo de la pena. A los exconsesellers Joaquin Forn y Josep Rull les condena a diez años y medio, pero les exonera del delito de malversación.
A partir de este martes, las partes tienen 30 días para recurrir en amparo ante el TC, tal y como recoge la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Este recurso extraordinario, última vía en la jurisdicción española, solo puede interponerse cuando se entiende que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Las defensas de los políticos catalanes tendrán que hacer una explicación “clara y concisa” de los hechos que fundamentan este recurso, citar los preceptos constitucionales que se consideran infringidos y fijar el amparo que solicitan.
El TC entonces, si se cumplen los requisitos marcados por ley, podrá acordar la admisión total o parcial del recurso de amparo y emplazará a las partes para que en el plazo de 10 días puedan comparecer en el proceso.
Cumplido este trámite, según la ley, el tribunal dará un plazo máximo de 20 días para que cada parte pueda presentar sus alegaciones. A continuación, la sala podrá remitir a una de sus sección la resolución, cuando considere que es aplicable doctrina del propio tribunal, o de lo contrario señalará día para la vista, deliberación o votación.
Además, el TC podrá acordar, cuando lo estime necesario, la practica de prueba, sobre la que tendrá que resolver en un tiempo inferior a 30 días. Respecto a la sentencia de amparo, de nuevo de acuerdo con la ley, la sala o sección se pronunciará en el plazo de 10 días desde el señalado para la vista o deliberación.
SITUACIÓN DE PRISIÓN
El tribunal limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades de los demandantes de amparo y, en su caso, a restablecerlos, pero se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de la sala presidida por Manuel Marchena.
La interposición de este recurso no suspende los efectos del fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y tampoco se suspenden, con carácter general, las penas privativas de libertad que tienen la condición de graves por situarse por encima de los cinco años.
De modo que, durante el tiempo de tramitación del recurso, el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que tengan una pena privativa de libertad superior a cinco años podrían permanecer en prisión.
ÚLTIMA PARADA, ESTRASBURGO
La sentencia, concediendo o denegando el amparo, se notificará a las partes y se publicará en el BOE dentro de los 30 días siguientes al fallo. Contra esta sentencia, no cabe recurso en España, tan solo se podrá solicitar una aclaración de la misma dos días después de su notificación.
Por tanto, la última posibilidad, si se les deniega el amparo, es que acudan en el plazo de los seis meses siguientes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(SERVIMEDIA)
