La directora de la oficina de Focus Media S.L, Olga Solanas, y el director de la Agencia Nothingad Comunicación S.L, Ferran Burriel, declararon este miércoles como testigos ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y la celebración del referéndum del 1-O y ambos explicaron que no cobraron las campañas realizadas para la Generalitat, a pesar de las reclamaciones.
Durante su declaración, Solanas explicó que el trabajo que realizaba Focus Media para la Generalitat era la gestión de espacios publicitarios en prensa, pero no la creatividad. Ante la insistencia de la fiscal Consuelo Madrigal insistió en que ella es “ajena” a los contenidos publicitarios, a pesar de que como usuraria de la prensa pueda ver algunas, puesto que su empresa se encarga de la contratación de los espacios.
Respecto al cobro del trabajo realizado para la Generalitat destacó que el departamento financiero de Focus Media “sigue moviendo el tema porque se han generado facturas negativas”, respecto al por qué “no sé el motivo”, aseguró. En este sentido, continuó, “hicimos el trabajo, pero no lo cobramos”.
Con respecto a otra de las campañas, Solanas detalló que una sufrió un “sobrecoste” porque algún medio manifestó que tenía un “contenido político”, algo que incrementaba la tarifa. La directora de la oficina de Focus Media manifestó que “los presupuestos de la Generalitat para campañas son cerrados, no se amplían”, de manera que “no podía pasarme porque si no lo asumía yo”. Por este motivo, se renunció a dicha campaña. En este sentido, a preguntas de la defensa, especificó que la campaña que no se hizo fue la de ‘Civisme’.
Posteriormente, el director de la Agencia Nothingad Comunicación S.L, Ferran Burriel, explicó que cuando la Generalitat le encarga una campaña en marzo no tiene constancia de que el Tribunal Constitucional hubiera advertido al Govern para que paralizase cualquier acto relacionado con el referéndum. Además, Burriel explicó que se trataba de una campaña “para notificar a los que viven en el exterior que si se registraban podían disfrutar del centro médico, del carné joven, etc”.
Sobre si cobraron el servicio realizado, Burriel indicó que no y que habló con la Generalitat por este motivo. En este sentido, confirmó ante las preguntas de la fiscalía que la factura fue emitida el 19 de junio de 2017 y que el 5 de septiembre realizaron una reclamación, pero rechazó que se realizara por vía judicial. “¿No hicieron una reclamación judicial?”, preguntó el fiscal Moreno, “no”, respondió Burriel, pero entonces “¿dieron por perdidos 80.000 euros y han seguido trabajando después de esto con la Generalitat”, preguntó el fiscal sorprendido, “Sí”, contestó el testigo, «se abonaron en negativo».
