El empresario y desarrollador informático Vicente Nos Ripollés y el informático Quim Franquesa declararon este miércoles como testigos ante el Tribunal que juzga a los líderes del independentismo por el referéndum del 1-O por su participación en el proyecto de votación electrónica para la consulta. Ambos aseguraron que rechazaron desarrollar el proyecto porque no sabían si les iban a pagar.
Durante su declaración como testigo ante el tribunal que juzga al ‘procés’ Nos explicó que el informático Quim Franquesa contactó con él en agosto de 2017 para desarrollar un proyecto de votación electrónica a través de tecnología ‘blockchain’ para el referéndum del 1-O. Tras aceptar acudió con Franquesa a una reunión en el Palacio de Pedralbes en la que, entre otros, estaban el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los esconsejeros Junqueras y Romeva y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Asimismo, explicó que ante la Guardia Civil identificó a más personas, a través de fotografía, ya que en ese momento “ni sabía los nombres”, además indicó que el político de ERC Xavier Vendrell no estaba en la reunión.
En dicho encuentro hablaron sobre la propuesta del proyecto, sus ventajas y desventajas y la capacidad para llevarlo a cabo. “Era un sistema de votación electronica, pero solo se llegó a preparar una propuesta”. En principio, dijo, “cuando Quim me lo comentó era solo para votación en el extranjero”, pero en la reunión les preguntaron si era posible hacerlo para todo el mundo, “dijimos que sí y que nos era lo mismo hacerlo para X personas o X millones”.
El presupuesto para el proyecto fueron “entre 400.000 y 500.000 euros” y “nosotros lo teníamos que gastar, aproximadamente el 50%, en el manteamiento de la propia red”. Sobre los plazos, Nos explicó que necesitaban el dinero con antelación y como “durante una semana o dos pregunte a quien teníamos que facturar y no tuvimos respuesta”, “lo rechacé”.
En aquel momento, aseguró que no estaba seguro de que el referéndum fuese ilegal y apuntó que estas conversaciones se producen en agosto. “Sé que en septiembre el tribunal anula algo”, pero “yo me desentendí”, resaltó, porque no tenía relación con el proyecto que no se había llevado a cabo. Además, el empresario destacó que no tuvo ninguna relación contractual con la Generalitat, puesto que el proyecto no fue más allá de la propuesta. “Yo no he hablado nada de eso con nadie”, subrayó ante las preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane.
Posteriormente, declaró como testigo Quim Franquesa quien negó ser socio de Nos. Franquesa explicó que Xavier Vendrell contactó con él, “primero se identificó como Jordi, pero luego supimos que era él”. “Nosotros estábamos desarrollando diferentes proyectos de participación ciudadana y a través de una relación laboral acabamos contactando”. En una reunión en un bar, continuó, le explicó que el proyecto era para el referéndum del 1-O y que “era legal”.
A continuación se puso en contacto con Nos porque sabía que podía desarrollar el proyecto. Cuando se lo propuso Nos le comentó que “si era legal, no había ningún problema”. De esta manera, el 16 de agosto se reunieron en Pedralbes con miembros de la Generalitat, “explicamos en líneas generales en qué consistía y el calendario para hacerlo”, así como las cuestiones de seguridad. Además, respecto a los plazos “no empezábamos desde cero, porque íbamos a aprovechar una parte del proyecto que ya tenía desarrollada Nos”.
“No era una reunión para presentar un presupuesto” del proyecto, resaltó, pero “nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada”, que de eso se encargaba “una tercera parte”, pero “eso ya no lo sé”, aseguró ante las preguntas del fiscal Moreno sobre esa supuesta tercera parte encargada del pago.
Posteriormente hubo una reunión a finales de agosto con técnicos del CTTI para explicar el análisis técnico del proyecto, pero “no había predisposición por su parte para desarrollarlo”. De esta forma, “al principio de septiembre como vimos que el Tribunal Constitucional seguramente iba a bloquear el referéndum, el proyecto no estaba totalmente definido y no sabíamos quién nos iba a pagar, lo dejamos”. En este sentido, continuó, “no puedes desarrollar en 15 días un sistema de voto electrónico”, de ahí que los tiempos “eran muy justos”. En cuanto al coste, expresó que “no hubo nada más allá de los desplazamientos”.
