La que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña que aprobó las leyes de desconexión y del referéndum en septiembre de 2017, Carme Forcadell, ha asegurado en su declaración en el juicio del `procés´ que “no es potestad de la Mesa valorar la constitucionalidad de las resoluciones parlamentarias ni entrar en el fondo de las resoluciones parlamentarias”, porque lo contrario sería convertirse en “censor” del debate político.
Forcadell, que trató de desvincularse de las decisiones que dependían del Gobierno, aseguró que respeta al Tribunal Constitucional y que “en ningún momento estuvo en nuestra voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional”. Insistió en que «el Parlamento ha de ser libre» y poder debatir todas aquellas iniciativas que se planteen. Defendió que, según “toda la jurisprudencia, la Mesa no tiene que entrar en el fondo ni valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias. La esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento ha de ser libre, se ha de hablar absolutamente de todo, y lo deben hacer todos, los que apoyan al gobierno y la oposición, tienen que hablar todos”.
La expresidenta del Parlament argumentó que no debería valorar ninguna iniciativa parlamentaria hasta que no haya terminado su tramitación, puesto que en ese proceso se pueden aprobar enmiendas y cambio sustanciales. Dijo que no hay que entrar en el fondo ni valorar la constitucionalidad hasta que no se haya terminado la tramitación. “En la Mesa del Parlamento siempre hemos valorado y tenido en cuenta derechos fundamentales, la libertad de expresión, el pluralismo político, y la inviolabilidad parlamentaria”, sentenció.
En relación a la Resolución I/X de desconexión de Cataluña del Estado, Forcadell dijo a la fiscal Consuelo Madrigal que la votó “sin leerla”. Extrañada, la representante del ministerio público insistió en preguntar de nuevo por si la había leído: “La voté con otros 72 diputados y entiendo que estamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. No la leí, y la voté con otros 72 diputados”, repitió.
La fiscal le recordó las resoluciones del Tribunal Constitucional que anulaban las resoluciones del Parlament que impedían seguir adelante con la aplicación de normas para lograr la independencia. “No es potestad de la mesa valorar la constitucionalidad de las resoluciones parlamentarias ni entrar en el fondo de las resoluciones parlamentarias. De acuerdo con la jurisprudencia es así, lo contrario sería que la Mesa limitara y controlara el debate parlamentario, lo que no está en sus funciones”, explicó Forcadell.
