En el marco de la colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, los pacientes afectados por el caso iDental podrán acceder a peritajes realizados por peritos colegiados a un precio limitado, hasta un máximo de 250 euros por peritaje.
Para ello, según Sanidad, el citado colegio facilitará un listado lo más amplio posible de dichos peritos en breve plazo. Con esta medida se pretende dar respuesta a una de las peticiones de los afectados que se han puesto de manifiesto en diversas reuniones y contactos mantenidos con la Consejería de Sanidad.
De esta manera, tanto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como el Colegio de Odontólogos suman esfuerzos para que los afectados por estas clínicas puedan, además de obtener su historia clínica, cuyo acceso se está ya facilitando desde el pasado 17 de octubre, tener también la posibilidad de disponer del oportuno informe pericial, especialmente, para los pacientes en situación de mayor vulnerabilidad.
Gracias a un dispositivo coordinado entre el Colegio de Odontólogos y la Consejería de Sanidad, el pasado 17 de octubre comenzó la entrega de las historias clínicas a través de un servicio web y un teléfono de apoyo al mismo, y siempre subordinados a lo ordenado por los órganos jurisdiccionales. El número de historias ordenadas y digitalizadas de pacientes madrileños incautadas por la autoridad judicial asciende aproximadamente a 140.000.
La Consejería de Sanidad considera que, con esta iniciativa, se persigue “facilitar y agilizar que las personas afectadas puedan disponer de la documentación relativa a su historia clínica, para su uso en los procesos administrativos y judiciales en marcha”.
Asimismo, la consejería, dentro su marco competencial y de la normativa vigente, ha abierto a estas clínicas un total de 19 expedientes sancionadores por irregularidades detectadas en el transcurso de las más de 50 inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General de Inspección y Ordenación.
Sanidad recuerda que en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, cuya determinación es de competencia estatal, se encuentran excluidas de la financiación pública la práctica totalidad de los tratamientos que realizaban estas clínicas.
