El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, convocó este lunes a las principales asociaciones de jueces y fiscales para celebrar este miércoles una reunión, algo que se produjo después de que estos colectivos anunciaran una huelga para el 19 de noviembre, al entender que se mantienen los problemas de su sector que denunciaron con el anterior Gobierno.
A través de un comunicado, Justicia informó de que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han sido convocadas “para revisar y compartir los avances que se han producido respecto a sus reivindicaciones profesionales y salariales”.
El departamento de Delgado explicó que “el encuentro servirá para analizar el estado de cada una de las demandas planteadas por los colectivos para reforzar la independencia judicial y la calidad del servicio público de la Justicia y mejorar sus condiciones profesionales y económicas, reivindicaciones en las que el Ministerio viene trabajando desde la incorporación del nuevo equipo”.
Justicia añadió que el pasado 27 de septiembre se reunió “por primera vez en quince años” la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, lo que es una “muestra del firme compromiso de la ministra” por retomar el diálogo con el sector.
“TODO CONTINÚA IGUAL”
El Ministerio anunció esta reunión con jueces y fiscales después de que este lunes difundieran una nota conjunta en la que pedía apoyo a los miembros de ambas carreras para lograr un seguimiento «masivo» de la huelga convocada para el 19 de noviembre.
Estas entidades argumentaron que convocan este paro tras comprobar que Justicia sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales. Las siete asociaciones indicaron que «todo continúa igual» tras la huelga de mayo pasado, que se celebró cuando era ministro Rafael Catalá.
Para estas asociaciones de jueces y fiscales, «la Justicia sigue denostada” y en el proyecto de presupuestos para 2019 “nada hace indicar que las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten”. Añaden que la constitución de la Mesa de Retribuciones tiene una “clara finalidad obstructiva y nada práctica».
