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Parlamento andaluz reclama que el Gobierno central apruebe una ley que combata la ocupación ilegal

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha instado este jueves a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, y que refuerce las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil, en virtud de una iniciativa del PP-A.

Este punto ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE-A se ha abstenido y Adelante Andalucía y los ocho diputados no adscritos que pertenecían a ese grupo han votado en contra.

El Parlamento ha expresado, con los votos de PP-A, Cs, PSOE-A y Vox, mientras que Adelante y los diputados no adscritos han votado en contra, su “firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”, un compromiso que es compatible “con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentren en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.

Se ha instado también a la Junta, en virtud de una enmienda de Cs, a potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de sus competencias, que suponga en su caso la anticipación de éstos ante situaciones de ocupación ilegal que atenten contra la seguridad y convivencia ciudadanas.

Asimismo, otra demanda al Ejecutivo andaluz, de acuerdo con una enmienda de Vox, consiste en que cumpla los compromisos adquiridos y ponga en marcha antes de la aprobación del Presupuesto andaluz para 2021 un programa de apoyo a los propietarios de vivienda de titularidad propia que sean objeto de ocupación ilegal, donde se les informe de los derechos que les asisten, posibilidades y organismos de reclamación, trámites jurídicos y judiciales, así como a dar el asesoramiento legal a fin de lograr que las personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas no puedan acceder a ayudas o subvenciones públicas.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A José Ramón Carmona ha indicado que con esta iniciativa se está poniendo de manifiesto que hay andaluces, gente honrada, que se encuentran desprotegidos al ver que se están vunerando sus derechos cuando se ocupan sus viviendas de manera ilegal. Ha dicho que este es un debate que va más allá de ideologías, porque se trata de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Ha añadido que los datos evidencian que la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de España, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.

Ha expuesto que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

Según ha explicado, en los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

No obstante, ha considerado que a la vista de como está creciendo el problema en este momento, es necesario “reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”.

ALARMA SOCIAL

Por su parte, el diputado del PSOE-A Javier Fernández ha mostrado su preocupación por que en los últimos meses, con la mediatización de ciertos casos, con el problema de la ocupación ilegal se esté generando una “alarma social” y se esté contribuyendo a crear un clima “de miedo” que no se corresponde directamente con un incremento de los casos denunciados ni con la realidad de este problema en todo el país. Ha indicado que el Gobierno central no va a caer en la “inacción” ante el problema de la ocupación y ya se están empezando a adoptar medidas desde la Fiscalía General del Estado, mientras que también tiene como una prioridad fomentar el acceso de colectivos vulnerables o de los más jóvenes a una vivienda digna, a través de planes nacionales de vivienda.

El diputado de Ciudadanos Francisco Carrillo ha considerado pertinente esta proposicion no de ley del PP-A, porque hoy hay muchos españoles que se sienten desamparados ante una justicia lenta y ante esa impunidad de los delincuentes que se meten en casas ajenas a ocuparlas, y provocan que esa vivienda además sea objeto de conficto. En su opinión, es compatible proteger a los colectivos más vulnerables que han sido víctimas de ejecuciones hipotecarias o de desahucios con perseguir a aquellos que ocupan de manera ilegal una vivienda. Ha señalado que Andalucía es la segunda comunidad de España con más ocupaciones ilegales y hay que luchar contra ello.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que la ocupación de viviendas se tiene que tipificar como un delito y “echar al ocupa de forma inmediata”. Ha dicho que el fondo del problema no es otro que se tiene que garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y ha indicado que no atajar este problema desde hace años desde las administraciones ha llevado a que hoy tengamos alarmantes cifras de ocupación. Ha indicado que la iniciativa popular, en términos generales, es “aceptable”, aunque ha puesto matices a algunos puntos que parecen más bien “mera propaganda” y un “postureo”.

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha advertido de que el tema de la ocupación hay que abordarlo desde un punto de vista “serio y no se pueden contar medias verdades ni mentir ni utilizar este problema”, que es cierto que existe, para traer “falsos debates”. Ha dicho que aquí hay un “conflicto de intereses, entre los que defienden los intereses del capital y los que defienden el derecho constitucional a la vivienda” de las clases trabajadores. Ha indicado que esta iniciativa del PP-A persigue crear “alarma social” sobre un problema que existe, pero que no tiene la proporción que se intenta trasladar a la ciudadanía.

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