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El juez cita como imputado al otro administrador de la coalición electoral Unidas Podemos

El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos –el otro ya estaba investigado–, por los contratos suscritos con la consultora política Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El titular de este juzgado madrileño, Juan José Escalonilla, ha citado a García Ramos para que declare el próximo 13 de noviembre a las 12.30 horas por un presunto delito electoral, según el auto judicial.

Escalonilla ha insistido en que “existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (… ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral”.

El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez.

Para el juez, “dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, (…) que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales”.

Por todo ello, ha considerado que procede tomar declaración a García Ramos en calidad de investigado. Tal decisión se puede impugnar mediante recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en cinco días.

El pasado mes de julio ya fueron citados como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; así como el administrador y la persona de contacto de Neurona, Elías Castejón y Eduardo López, respectivamente. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y el 20 de noviembre.

Podemos presentó en agosto un recurso de apelación contra el auto en el que se incluían estas diligencias de investigación, si bien denuncia que desde entonces no tiene noticia de que Escalonilla haya dado trámite del mismo ante la Audiencia Provincial, por lo que le ha requerido un “impulso procesal” en este sentido, argumentando que los ‘morados’ están en “situación de indefensión”.

ARCHIVO DE LA ‘CAJA B’

La causa parte de la denuncia realizada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro supuesto ilícitos: los servicios electorales contratados con Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular ; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Este mismo viernes se ha sabido que Escalonilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta ‘Caja B’ de Podemos. El juez ha descartado el delito de administración desleal al considerar que “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político”, de acuerdo con otro auto adelantado por La Información.

Así, la causa continúa en relación con los otros tres supuestos delitos denunciados, aunque la Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros “rumores, sospechas o suspicacias”.

En el caso de Neurona, el Ministerio Público aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”, indicando que “es una empresa creada ‘ad hoc'” cuyo objeto real sería “la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”.

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid ha aclarado esta semana que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales”.

Con todo ello, ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque “resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.

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