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El intento de reprobación de Marlaska deriva en reproches por la sentencia de Gürtel

El segundo intento de reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los ceses como el del coronel Diego Pérez de los Cobos ha derivado en un cruce de reproches por coincidir el debate en el Congreso de los Diputados con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma las condenas por la primera época de actividades de la trama ‘Gürtel’, en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Sin la presencia del ministro en el Congreso, Ciudadanos ha defendido su moción para reprobar a Grande-Marlaska tras el fallido intento anterior del Partido Popular. Tanto estos dos partidos como Vox han respaldado la censura del titular del Interior con alusiones al acercamiento de los presos de ETA o la falta de respuesta a los “ataques” que reciben las Fuerzas de Seguridad del Estado o la figura del Rey, lo que han relacionado con la necesidad de contentar a los socios de Gobierno.

“El ministro ha mentido en sede parlamentaria, quizás en imitación de un Gobierno instalado en la ‘mentirocracia”, ha defendido el diputado de Ciudadanos y policía en excedencia Pablo Cambronero, disconforme con las explicaciones dadas por Grande-Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos y otros altos cargos, entre ellos el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía, durante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

LA REPROBACIÓN, UN TEATRILLO

La tesis del partido naranja, que no ha aceptado la moción planteada por Vox para pedir el cese inmediato del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido censurada por PSOE y Unidas Podemos, que han aprovechado la coincidencia del debate en el Congreso — y su previsible rechazo– con la publicación de la sentencia del Supremo sobre el ‘caso Gürtel’ para acusar a Cs, PP y Vox de montar un “teatrillo”.

“No hay caso”, ha señalado el diputado del PSOE David Serrada sobre el cese de cargos de confianza en las Fuerzas de Seguridad del Estado, recordando –al igual que antes Enrique Santiago, de Unidas Podemos– que el Gobierno del PP a tres comisarios de la Policía cuando investigaban el ‘caso Gürtel’. “No van a conseguir que dimita algún miembro del Gobierno”, ha sostenido el portavoz socialista, que también ha aludido a la Operación Kitchen y la imputación del exministro ‘popular’ Jorge Fernández Díaz por el plan para sustraer información de Luis Bárcenas por afectar al PP. CASTIGO A MADRE VÍCTIMA DEL TERRORISMO

La diputada del PP Ana Vázquez ha lamentado que Grande-Marlaska se haya convertido en un “hooligan del Gobierno”, censurando que diera salvoconductos para permitir la visita a las cárceles de familiares de presos de ETA. Ignacio Gil Lázaro ha defendido la moción de censura y, tras criticar un programa “basura” en la TV pública vasca contra la Guardia Civil, ha cuestionado el acercamiento de los etarras a prisiones más próximas al País Vasco.

En concreto, el diputado de Vox ha citado el caso de Andoni Otegi Eraso, que mató a una niña en un atentado en la casa-cuartel de Santa Pola, lo que ve una “vileza” porque la decisión de Interior se adopta, según ha dicho, “días después” de que la madre criticara al presidente del Gobierno por su pésame por el suicidio de un etarra. Por este motivo se ha preguntado si se trata de un “castigo añadido” a la madre de la menor por “atreverse a levantar la voz”.

Unidas Podemos, sin embargo, ha cargado contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a quien ha acusado de filtrar el informe con “mentiras” en el marco de la investigación judicial por la presunta relación entre la manifestación del 8M y el inicio de los contagios de coronavirus en Madrid. Enrique Santiago ha aludido a un delito del Código Penal Militar y ha relacionado al alto mando del Instituto Armado con los fondos reservados de la Operación Kitchen por su etapa en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, también ha sostenido que Pérez de los Cobos fue el “pagador” de los fondos reservados durante la Operación Kitchen, añadiendo que tanto él como su “compinche” Manuel Sánchez Corbí –exjefe de la UCO– deberían estar expulsados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mencionando las torturas en la lucha contra ETA.

Desde Junts la crítica se ha dirigido contra la actuación durante el referéndum del 1-O de Pérez de los Cobos, “un personaje” que la diputada Miriam Nogueras cree que debería estar sentado en el banquillo de los acusados.

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