La CNSE califica de urgente la creación de una bolsa de intérpretes de lengua de signos específicos para el ámbito judicial y reclama atención a la situación de extrema vulnerabilidad que afecta a mujeres y niñas sordas.
“La justicia ha de ser igual para todos los ciudadanos, y como tal, debe contemplar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”. Así de clara se manifiesta la asesora jurídica y consejera de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), Marta Muñoz.
En el marco del seminario ‘Barreras en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en la UE’, organizado por la Fundación ONCE en la Universidad Carlos III, Marta Muñoz ha afirmado que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas sordas pasa por incluir la lengua de signos en dicho proceso.
En este sentido, la CNSE considera que un primer paso sería modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en los mismos términos que se reformó la ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2015, de tal modo que se asegure la presencia de intérpretes de lengua de signos durante todas las instancias del proceso judicial.
Como medidas urgentes, solicita la creación de una bolsa de intérpretes de lengua de signos específicos para el ámbito judicial, y la consiguiente traducción a esta lengua de documentos considerados esenciales. “La desinformación agrava el riesgo de exclusión que ya amenaza a las personas sordas, y por tanto, debe paliarse”, ha indicado la asesora jurídica de la CNSE.
En ese contexto, esta Confederación Especial reclama especial atención para las mujeres y las niñas sordas, ya que “se enfrentan a continuos prejuicios sobre sus capacidades por el hecho de ser mujeres, ser personas sordas, y utilizar la lengua de signos”.
A ellos se suman “actitudes y actuaciones machistas y sexistas a menudo violentas, que atentan contra su libertad, su seguridad y sus vidas”. Una situación que Muñoz ha calificado de “violación de los derechos humanos y grave impedimento para la igualdad de género” y ante la que ha demandado “firmeza para hacer valer los derechos de este colectivo y garantizar su acceso igualitario, a través de mediadoras sordas y profesionales conocedores de la lengua de signos, a los servicios y recursos disponibles para el conjunto de la ciudadanía”.
