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Más de 3.000 organizaciones exigen una prórroga en la moratoria de los cortes de suministros

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han exigido al Gobierno central que prorrogue de manera indefinida la moratoria de cortes de suministro de los servicios esenciales (agua, luz, gas) en el ámbito doméstico.

En una rueda de prensa ante el Ministerio de Transición Ecológica, representantes de Ecologistas en Acción, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética han exigido la recuperación de la moratoria de cortes en estado de alarma después de dar a conocer el “incremento exponencial de los beneficiarios del bono social: desde abril de 2018 hasta abril de 2020 se ha pasado de 449.267 hogares acogidos a 1.311.662, es decir, un 191% más de beneficiarios”.

Pero desde abril de 2020, con la nueva vía de acceso al bono social, ha habido más de 200 hogares nuevos al día acogidos a esta medida, lo que demuestra “el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia”.

Aunque para estas organizaciones, el bono social no es la solución. “Es una estafa porque sólo abona el 25% de la parte contratado, el IVA no tiene descuento”, ha indicado Paca Blanco, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Las entidades convocantes han detallado que en octubre, cuando finalizó la suspensión de los cortes, quienes no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos, lo que está generando “una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad”.

Las organizaciones firmantes reclaman al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.

El manifiesto que han firmado se ha registrado en el Ministerio de Transición Ecológica, pero también en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Fomento y el Defensor del Pueblo. Ya están planeando nuevas acciones “hasta que se tomen medidas valientes que prioricen los intereses de las personas por encima de los beneficios de estas grandes empresas”.

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