El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, vuelve a estar en el centro de la polémica por la gestión de sus recursos de seguridad. La concesión de escolta a personas con gran presencia en medios, como el de Sarah Santaolalla, pero sin una amenaza real certificada por los jueces, ha hecho que los sindicatos exijan una revisión urgente de los criterios.
El caso más reciente es el de la comunicadora Sarah Santaolalla. Tras un altercado público con el activista Vito Quiles en las puertas del Senado, Interior ha decidido asignarle protección a través de la unidad de testigos protegidos.
Lo llamativo de este caso es que la justicia ya se había pronunciado previamente: un juzgado de Madrid rechazó imponer una orden de alejamiento contra Quiles al no encontrar indicios de un peligro real o inminente para Santaolalla. A pesar de que los jueces no vieron necesario actuar, el Ministerio ha optado por destinar agentes públicos a su seguridad personal.
Este movimiento de Marlaska con Sarah Santaolalla ha recordado de inmediato el precedente de Leire Díez, exmilitante socialista y figura cercana al entorno del Gobierno. En junio de 2025, el sindicato JUPOL denunció públicamente lo que consideraban una "escolta a la carta".
Según la organización sindical, se le asignó protección oficial de la Policía Nacional sin que existiera un informe de riesgo que justificara tal despliegue. Para los agentes, que Díez contara con hasta seis policías en turnos rotativos para cubrir su seguridad fue un "uso abusivo e injustificado" del sistema, especialmente cuando se trata de perfiles que no ocupan cargos públicos de alta responsabilidad.
EL CONTRASTE DE SARAH SANTAOLALLA CON LA REALIDAD DE VIOGÉN
Lo que más indigna a los profesionales de la seguridad es la comparación de estos casos con la situación de las mujeres maltratadas en España.
Y es que según los datos más recientes del sistema VioGén, a fecha de febrero de 2026, existen en nuestro país más de 102.500 casos activos de violencia de género que requieren algún tipo de seguimiento o protección. De esta cifra, los sindicatos denuncian que hay cerca de 40.000 mujeres que, a pesar de estar en el sistema, no reciben una vigilancia adecuada por la falta de personal especializado.
La estadística, además, es reveladora: en muchas comisarías, un solo agente de la unidad UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) tiene que encargarse de supervisar la seguridad de hasta 60 o 100 víctimas simultáneamente. Este colapso hace que, en la práctica, la protección sea casi imposible de cumplir. Es ahí que hay miles de mujeres esperando agentes para tener vigilancia mientras Interior asigna equipos de escolta a personas cuya amenaza no ha sido confirmada por un juez.
Interior destina equipos de hasta seis agentes por turno a perfiles mediáticos
Para sindicatos como JUPOL o el SUP, España mantiene un modelo de protección institucional "sobredimensionado" y que se utiliza en ocasiones con criterios políticos. Con todo, critican que se utilicen furgones de la UIP o agentes de paisano para acompañar a tertulianos o asesores a los juzgados, mientras las unidades de seguridad ciudadana están bajo mínimos. En el caso de Leire Díez, el malestar fue tal que los agentes recordaron que la Policía está para "proteger a los ciudadanos, no para escoltar a fontaneros del partido".
La falta de transparencia en los informes de riesgo es otra de las grandes quejas. El Ministerio no suele hacer públicos los motivos por los que decide poner o retirar una escolta, lo que alimenta la sospecha de que se trata de un privilegio otorgado a figuras cercanas al entorno gubernamental. Los agentes piden que la escolta personal se reserve únicamente para casos de riesgo real y cargos de alta representación del Estado, dejando el resto de recursos para la lucha contra el crimen en los barrios.
La falta de explicaciones sobre por qué se decide poner o quitar estas vigilancias a perfiles como Sarah Santaolalla alimenta la desconfianza entre los agentes. Por eso, exigen que la escolta personal se limite a casos de riesgo extremo y que el resto de los policías vuelvan a sus unidades originales. Al final, todo se centra en si los recursos de Interior están atendiendo las verdaderas urgencias de la sociedad o si se están utilizando para cubrir necesidades de perfiles específicos.
