En los andenes de Cercanías, los trenes de Renfe con grafitis ya forman parte del paisaje cotidiano. Nosotros mismos hemos visto vagones pintados esta semana circulando, sin contar otros tantos retirados del servicio para labores de limpieza.
Y es que, lo que para algunos es una firma o una forma de expresión, se ha convertido para Renfe en un agujero económico que crece año tras año. Solo entre 2022 y 2024, la operadora pública tuvo que destinar del orden de varias decenas de millones de euros a eliminar grafitis de sus trenes, reforzar la seguridad y gestionar los residuos asociados.
A nivel usuario, el vandalismo grafitero obliga a retirar trenes de circulación, inmovilizarlos en cocheras, desviarlos a centros de limpieza y reorganizar la operación. Cada convoy fuera de servicio supone menos plazas disponibles, retrasos, supresiones de servicios y viajeros que llegan tarde al trabajo, a un examen o a una cita médica.
La factura acumulada en el último lustro supera ya holgadamente los 50 millones de euros, al menos según los datos difundidos por la propia compañía y las cifras actualizadas que reconocen sus responsables en diferentes comunicaciones. Eso sí, al menos los números que manejamos nos dicen que el impacto se ha ido reduciendo a lo largo de los años, pese a que ciudades como Madrid y, sobre todo, Barcelona, son un auténtico tormento para la operadora pública.
Renfe ha registrado gastos de más de 25 millones al año por los grafitis
En 2022, la empresa cifró en más de 25,2 millones de euros el coste asociado a las pintadas en sus trenes, unos 69.000 euros diarios, incluyendo tanto la limpieza directa como los efectos colaterales de esta actividad ilícita, desde el refuerzo de vigilancia hasta el sobrecoste energético de mover composiciones únicamente para lavarlas.
El patrón se repitió en 2023, cuando Renfe volvió a cuantificar en alrededor de 25 millones de euros el impacto del vandalismo grafitero sobre su flota. Ese año, los trenes de la operadora soportaron unos 80.000 metros cuadrados de superficie pintada. Traducido a trabajo, la compañía tuvo que dedicar unas 15.000 horas a la limpieza específica de grafitis y registrar otras 15.000 horas de inmovilización no prevista por esta causa, según sus propios datos corporativos.
Los incidentes se contaban entonces por miles: casi 4.000 incursiones de grafiteros en instalaciones de Renfe, más de 11 al día, con actuaciones que a menudo implican entrar de noche en cocheras o forzar accesos a zonas restringidas. Eso sí, en los últimos años no hay cifras concretas oficiales en balances nacionales, aunque la operadora ha ido detallando a cuentagotas el impacto territorial del fenómeno.
Comunidades como Madrid y Cataluña concentran buena parte de los ataques. Por ejemplo, en el ámbito catalán la empresa ha cifrado en más 6,2 millones de euros el coste asociado a los grafitis en los diez primeros meses de 2025, con 822 actos vandálicos registrados y 48.500 metros cuadrados de trenes limpiados. Este volumen implicó 590 días de inmovilización de material, con el consiguiente efecto sobre la puntualidad y la oferta de servicios para los usuarios.
En el conjunto de la red, la compañía ha llegado a hablar de más de 10.000 horas netas de trabajo al mes dedicadas exclusivamente a eliminar grafitis en determinados periodos recientes. Entre 2023 y 2024, según ha explicado la propia operadora en diferentes ocasiones, se retiraron más de 147.000 metros cuadrados de pintadas en sus trenes, el equivalente a más de veinte campos de fútbol.
Cada operación de limpieza arrastra una cadena de costes indirectos por el uso de productos específicos para eliminar pintura sin dañar la carrocería, equipos de protección para los operarios, medidas de seguridad, gestión de residuos catalogados como peligrosos y un consumo energético nada despreciable. Solo el traslado de trenes a centros de lavado por este motivo ha sido equiparado por la propia Renfe al consumo de unos 400.000 kWh, el equivalente a tener encendidas 36 millones de bombillas durante una hora o al uso diario de electricidad de más de 44.000 hogares.
La solución de Renfe es una IA detectivesca
Con todo, como los métodos tradicionales —más vallas, más cámaras, más vigilantes— no bastan para contener los grafitis, Renfe decidió el año pasado recurrir a la tecnología de datos para intentar adelantarse al problema. La compañía lanzó varios proyectos basados en inteligencia artificial, entre ellos uno específico para la prevención del vandalismo grafitero, con un concurso publicado en junio de 2025.
El desarrollo se lleva a cabo junto a Innova-tsn, una consultora tecnológica especializada en analítica avanzada, con experiencia en modelos predictivos aplicados a sectores como la banca o la detección de fraude. La lógica del sistema es identificar eventos raros, pero de alto impacto económico, a partir de grandes volúmenes de datos heterogéneos. En este caso, el objetivo es generar un modelo capaz de anticipar con hasta 24 horas de antelación en qué puntos de la red es más probable que se produzca un ataque de grafiteros.
Para alimentar a ese "vigilante" de IA, se combinan variables tan diversas como la meteorología, la agenda cultural y de ocio de las ciudades, los flujos de pasajeros en determinadas franjas horarias, el nivel de iluminación de estaciones y cocheras, la facilidad de acceso físico a determinadas áreas o los patrones históricos de ataques en cada zona. Con esa información, el sistema elabora mapas dinámicos de riesgo y marca los supuestos puntos calientes en los que tiene sentido concentrar patrullas de seguridad, reforzar la videovigilancia o coordinarse de forma más estrecha con las fuerzas policiales.
En medio de su implantación progresiva, la compañía mantiene una inversión anual en seguridad que solo en Cataluña supera los 20 millones de euros, con incremento de vigilantes privados, colaboración estable con las autoridades y despliegue de nuevos sistemas de control. La novedad de la IA es que permite hacer ese despliegue de forma más quirúrgica, con la aspiración de llegar antes que los grafiteros a los enclaves en los que se prevé actividad.
Renfe confía en que, combinando análisis predictivo, presencia sobre el terreno y una respuesta judicial cada vez más contundente, el coste de los grafitis deje de crecer al ritmo actual y deje de suponer un desgaste continuo para sus cuentas y para la calidad del servicio.
Sea como fuere, en los últimos años se han multiplicado las investigaciones conjuntas con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas para identificar a los autores de los ataques más graves, algunos de ellos con detenciones múltiples y condenas superiores a 150.000 euros de indemnización. La colaboración con Mossos d’Esquadra en Cataluña, por ejemplo, se ha plasmado en planes específicos que combinan refuerzo de vigilancia en puntos críticos, uso de cámaras con videoanalítica y dispositivos de drones para monitorizar accesos y cocheras.
Aun así, hoy día Renfe recuerda de forma recurrente que el grafiti sobre trenes y elementos ferroviarios no lo considera una manifestación de arte urbano tolerada, sino un delito de daños contra el patrimonio.
