A la hora del almuerzo, entre los rascacielos de Porta Nuova y los populares patios de Via Padova, Milán se mueve al silencioso ritmo de las bicis eléctricas de Glovo y Oscar Pierre. Con mochilas amarillas al hombro y smartphones en el manillar, los repartidores recorren la ciudad siguiendo las instrucciones de un algoritmo que determina horarios, prioridades y compensación.
Es aquí donde la Fiscalía de Milán decidió esta semana intervenir con una medida histórica, la revisión judicial de Foodinho srl, empresa italiana del grupo Glovo, alegando el delito de asociación ilícita contra aproximadamente 40.000 riders en todo el país, 2.000 solo en el área metropolitana de Milán.
No es el único país que se ha echado encima de la empresa española en los últimos meses por saltarse las leyes laborales. Además de España e Italia, países como Portugal, Argentina o Marruecos la han puesto también en su punto de mira ante la evidencia de un modelo que choca frontalmente con los derechos fundamentales de los trabajadores.
Según los magistrados italianos, no es cuestión de simples irregularidades contractuales aisladas. La española Glovo, propiedad de la alemana Delivery Hero, ha desarrollado un sistema estructurado de explotación laboral a través de una organización y un control totalmente digital. Dicho de otro modo, ya no se trata de la explotación del jefe tradicional en un campo bajo el sol, sino de un software que asigna entregas y, al mismo tiempo, establece sanciones y castigos.
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN EN GLOVO POR DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA
Este sistema utiliza puntuaciones y clasificaciones sobre el rendimiento de cada repartidor, determinando quién tiene acceso a los mejores pedidos y quién queda relegado a la precariedad absoluta. La orden, firmada por el fiscal Paolo Storari, marca un precedente al considerar que el algoritmo no es solo una herramienta logística, sino un mecanismo de subordinación encubierta.
El único director de la empresa, el catalán Oscar Pierre Miquel, está siendo investigado junto con Foodinho por emplear mano de obra en condiciones de explotación. La Fiscalía sostiene que la empresa se ha aprovechado de la situación de extrema necesidad de los trabajadores.
Según los datos recogidos en el informe judicial, miles de repartidores percibían salarios hasta un 76% por debajo del umbral de pobreza y hasta un 81% por debajo de lo estipulado en los convenios colectivos, violando el artículo 36 de la Constitución italiana. Las cifras son demoledoras: los salarios rondan los 2,50 euros por entrega, obligando a muchos riders a trabajar hasta 12 horas al día para alcanzar ingresos de entre 800 y 1.200 euros mensuales, una cantidad claramente insuficiente en una ciudad como Milán.
Glovo se enfrenta a un administrador judicial en Italia tras ser acusada de explotar a 40.000 trabajadores mediante su algoritmo. La investigación se suma a las multas de la Unión Europea y a las sentencias en España y Portugal
LOS RIDERS, ATRAPADOS POR LA GEOLOCALIZACIÓN DE GLOVO
Los testimonios recogidos por la fiscalía confirman la dureza del día a día en la plataforma de reparto a domicilio. Trabajadores procedentes de Marruecos, Pakistán o Bangladesh describen una realidad marcada por la dependencia absoluta de la aplicación.
Muchos de ellos se encuentran en un limbo legal con sus permisos de residencia, lo que les obliga a aceptar condiciones abusivas para enviar dinero a sus familias. Ahmed, uno de los entrevistados, explica que permanece conectado a la aplicación desde las diez de la mañana hasta las once de la noche, siempre geolocalizado mediante GPS. Si se desvía de la ruta o llega tarde por el tráfico, el sistema le penaliza de forma automática. Para los magistrados, esta es la clave del conflicto: la brecha insalvable entre la idea de 'ser autónomo' y la realidad de un trabajo basado en el control total y las sanciones indirectas.
Este movimiento en Italia no es un hecho aislado, sino parte de un terremoto judicial que arrancó en España con la aprobación de la Ley Rider. En el último año, la Comisión Europea impuso una multa masiva de 329 millones de euros a Delivery Hero y Glovo por violar las normas antimonopolio y participar en un cártel para repartirse el mercado y evitar el trasvase de repartidores entre plataformas.
En Portugal, el Tribunal Supremo ya dictaminó que los repartidores deben ser considerados empleados de plantilla, rechazando el modelo de autónomos. Mientras tanto, en Latinoamérica, la situación es similar. En Argentina, a pesar de haber cesado operaciones directas en 2020, los tribunales siguen examinando reclamaciones por cotizaciones impagadas, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú el debate sobre la protección social de estos trabajadores sigue más vivo que nunca.
LA JUSTICIA MARCA EL CAMINO HACIA LA REGULARIZACIÓN TOTAL DEL 'RIDER' DE GLOVO
El caso de Milán ha dado lugar al nombramiento de un administrador judicial encargado de supervisar a la empresa y garantizar que se tomen medidas para regularizar la situación de los repartidores. Si la acusación de asociación ilícita prospera, la propia concepción del rider como trabajador independiente podría desaparecer definitivamente en toda la Unión Europea.
La exministra de Trabajo de Italia, Elsa Fornero, ha sido tajante al respecto señalando que el problema no es la tecnología en sí, sino una regulación inadecuada que permite que los trabajadores estén presentes en el espacio urbano pero ausentes del sistema de bienestar del siglo XX: sin vacaciones pagadas, sin seguro médico y sin derecho a una pensión digna. La carrera contra el tiempo de los repartidores se traslada ahora de las calles a los tribunales, en un proceso que determinará el valor real del trabajo en la economía digital.
