Mientras Javier Tebas ataca duramente a Florentino Pérez por el fracaso del proyecto de la Superliga, el presidente de LaLiga sigue en el punto de mira de los aficionados por sus métodos para luchar contra la piratería del fútbol español.
La ofensiva antipiratería de LaLiga sigue cruzando todos los límites y, amparándose en un auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, la patronal presidida por Tebas ha comenzado a enviar cartas y burofaxes a particulares a los que identifica como consumidores de fútbol pirata a través de AceStream.
El problema es que la resolución judicial que LaLiga cita como base de su actuación no admite, según los expertos consultados, el uso de los datos personales obtenidos de las operadoras para lanzar estas ofertas vinculantes de pago extrajudicial. El auto de 17 de noviembre de 2025, firmado por el magistrado Antonio Fuentes Bujalance, autoriza a la patronal a solicitar a Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi la identificación de los titulares de las direcciones IP que se conectan a retransmisiones ilícitas, pero deja claro que esa información solo puede utilizarse para preparar acciones judiciales y no para otro tipo de comunicaciones.
Asociaciones como la que encabeza Miguel Ángel Galán —CENAFE y, en paralelo, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte— han llevado estas prácticas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que acusan de permitir un uso abusivo de datos personales y una estrategia basada en la intimidación económica de consumidores finales.
Tebas y LaLiga no pueden mandar cartas a particulares
Las primeras cartas y burofaxes comenzaron a llegar a usuarios identificados por LaLiga como participantes en canales AceStream que emitían partidos de Primera y Segunda División. La patronal se apoya en el argumento de que AceStream, al funcionar con tecnología P2P, convierte a cada usuario en un "nodo" que no solo recibe la señal, sino que la redistribuye, formando un "enjambre de servidores" que sostiene la emisión ilícita.
Pero, como recuerdan nuestros compañeros de Moncloa.com, la resolución judicial en la que se apoya Tebas subraya choca con el contenido de las cartas y burofaxes: "Con la presente resolución no se está afirmando que los usuarios de contenido ilícito sean personas que participan en dicho acto ilícito y que obtienen un beneficio por ello; esto se deberá decidir en su caso en el juicio oportuno". El juez, por tanto, insiste en que no se declara responsabilidad alguna, sino que se habilita únicamente un acceso a información necesaria para, eventualmente, interponer demandas.
Pero parece que a LaLiga le da igual, porque informa a los destinatarios de que ha identificado su IP como participante en canales AceStream que retransmitían fútbol sin autorización y les comunica que se han vulnerado derechos de propiedad intelectual. A continuación, despliega una "oferta vinculante confidencial" al amparo de la Ley Orgánica 1/2025, con la que les propone un acuerdo extrajudicial que incluye el cese inmediato de la conducta y el pago de una indemnización cuantificada "por expertos independientes", además de un plazo para aceptar la propuesta.
Las cartas de LaLiga proponen a los supuestos infractores un pago extrajudicial
En estas comunicaciones, a las que ha tenido acceso este medio, se les exige el pago de más de 200 euros —en algunos casos 261,65 euros— en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Las cartas incluyen un apartado final de "advertencias y consecuencias" donde se recalca que no es necesaria la intervención de abogado por estar la cuantía por debajo de 2.000 euros y se anticipa que, si el destinatario no acepta, LaLiga se reserva la posibilidad de ejercitar acciones judiciales asistida por sus propios letrados. Una amenaza, vamos.
"La Liga no está facultada mediante esta sentencia a mandar cartas a usuarios de AceStream, lo que dice la sentencia es que puede pedir los datos a las operadoras pero no mandar cartas usando los datos que les dan", sostiene Miguel Ángel Galán. Hemos sabido que al menos cuatro personas han recibido ya estas reclamaciones formales y alrededor de 110 consumidores se han adherido a una queja conjunta ante el CSD por el carácter "intimidatorio" de los burofaxes.
Como detalle, existe una anterior resolución de un juzgado de Barcelona que, en 2024, ya permitió a LaLiga recabar listas de IP vinculadas a emisiones pirata. Las operadoras entregaban entonces no solo las direcciones IP, sino también datos asociados como nombre y apellidos, domicilio de instalación, dirección de facturación y DNI del titular de la línea. La medida cautelar caducó en mayo de 2025, pero el nuevo auto cordobés, válido hasta el fin de la temporada 2025‑2026, reabre ese flujo de información en un contexto de creciente tensión sobre el uso que se hace de ella.
Tebas, pendiente de inhabilitación
En paralelo a los burofaxes, Tebas ya había protagonizado otra polémica reciente por una campaña lanzada hace poquito en la que ofrece 50 euros a quienes delataran bares que emitan fútbol de forma ilícita. Esa iniciativa forma parte de las denuncias por "abuso de autoridad" que Galán ha dirigido contra el presidente de LaLiga ante el CSD, al considerar que la patronal está utilizando medios desproporcionados y potencialmente lesivos para derechos fundamentales en su lucha contra la piratería.
Pero esto y el envío de cartas a particulares no son los únicos frentes problemáticos a los que se enfrenta Javier Tebas. A la controversia recurrente por las medidas contra la piratería —enfrentamientos que han alcanzado a la empresa de infraestructura Cloudflare, a la que LaLiga ha presionado en distintos procesos para bloquear dominios y servicios que facilitan accesos ilegales, pero también se ha llevado por delante muchos legales— se suma ahora un escenario disciplinario que podría desembocar en su inhabilitación.
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) mantiene abierto un expediente al presidente de LaLiga como consecuencia de una denuncia elevada por el CSD en octubre de 2025, a raíz de un escrito previo de Miguel Galán en el que le atribuía hasta cinco infracciones muy graves del artículo 76.2.a) de la Ley del Deporte por incumplimiento del deber de neutralidad. El núcleo de la acusación se centra en el trato que Tebas habría dado a información sensible relativa al FC Barcelona.
Entre los hechos señalados se incluye la comunicación pública, el 2 de abril del año pasado, de la no autorización de una operación financiera azulgrana presentada a finales de 2024 y la posterior retirada de esa información de la web de LaLiga tras las quejas del club. También se le reprocha una reunión con representantes del Athletic Club en la que, en el contexto del posible pago de la cláusula de rescisión de Nico Williams, habría trasladado detalles sobre la situación económica del Barça, así como diversas declaraciones en medios en las que afirmaba que el club catalán no estaba en el régimen de "1‑1" de fair play financiero. A esto se suma la gestión de un escrito remitido al CSD en relación con el caso Dani Olmo, cuya confidencialidad también está bajo la lupa.
El abanico de sanciones que el TAD puede imponer a Tebas va desde una simple amonestación hasta la inhabilitación de entre dos meses y un año, pasando por la destitución definitiva en el cargo si se entendiera que concurre la máxima gravedad. Los plazos administrativos se han ido ampliando y, según apunta la prensa de Barcelona en los últimos días, el procedimiento podría alargarse al menos hasta junio, después de que el propio Joan Laporta compareciera ante el Tribunal para manifestar que el Barça no se considera perjudicado.
