El Gobierno, por parte del Consejo de Ministros, ha tomado una decisión de calado para blindar los bolsillos de los ciudadanos en los momentos de mayor fragilidad. Hablamos de la aprobación de un nuevo decreto ley que supone un cambio drástico en la manera en que el mercado puede reaccionar ante situaciones críticas, como desastres naturales, accidentes de gran magnitud o crisis sanitarias.
Y es que, hasta ahora, el sistema de oferta y demanda permitía que, en situaciones de saturación o necesidad extrema, los precios de determinados servicios esenciales se dispararan sin apenas control.
Ahora, y con esta nueva normativa, el Gobierno busca poner fin a lo que denomina como "lucro basado en la desesperación", estableciendo un marco legal que impedirá que las empresas de transporte, hostelería o suministros básicos multipliquen sus tarifas cuando ocurre una desgracia.
LOS PRECIOS QUEDARÁN CONGELADOS AL VALOR DEL MES ANTERIOR
La mecánica de este nuevo control es sencilla pero muy estricta para garantizar su cumplimiento inmediato. La nueva normativa establece que, en cuanto se declare de forma oficial una situación de emergencia, los precios de los productos y servicios afectados no podrán superar el valor máximo que hubieran registrado en los treinta días previos a dicha declaración.
Se trata de una congelación técnica que toma como referencia un periodo de normalidad para evitar que las empresas puedan inflar sus márgenes aprovechando el pánico o la urgencia de los consumidores.
Además, el decreto incluye una cláusula adicional de seguridad: tampoco se permitirá que el coste final suba más de un 50% respecto a la media aritmética de ese mismo periodo mensual, lo que asegura que nadie tenga que pagar facturas desorbitadas por un billete de tren de última hora o por productos de primera necesidad.
El Gobierno ha aprobado un decreto que limita el precio de servicios y productos en situaciones de emergencia. La norma obliga a las empresas a devolver de inmediato cualquier cobro abusivo
EL GOBIERNO COLOCA UNA RESPUESTA DIRECTA A LOS ABUSOS EN ACCIDENTES Y CATÁSTROFES
El Ministerio de Consumo ha sido el principal impulsor de esta medida tras analizar el comportamiento de algunas compañías durante crisis recientes. Entre ellas, sobre todo, en los accidentes ferroviarios de Adamuz Gelida.
Aquí se detectaron casos flagrantes donde el precio de vuelos y trayectos de transporte alternativo subieron hasta mil euros en cuestión de horas tras producirse accidentes graves que cortaron las vías principales.
Estos incrementos, que en muchos casos se gestionan mediante algoritmos de precios dinámicos, no tienen en cuenta el factor humano ni la excepcionalidad de la tragedia. El objetivo de la ley es, por tanto, eliminar la explotación de la vulnerabilidad de las personas. El Gobierno considera que no es aceptable que el algoritmo de una empresa privada maximice sus beneficios a costa de ciudadanos que intentan regresar a sus hogares o acudir a una zona de catástrofe para ayudar a sus familiares.
DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS IMPORTES COBRADOS DE MÁS
Uno de los puntos más innovadores y que más protección ofrece al usuario es el sistema de reintegros. Los consumidores tendrán derecho por ley a que se les devuelva cualquier cantidad que exceda el tope permitido de forma inmediata y sencilla.
Ya no será necesario pasar por largos y tediosos procesos judiciales para recuperar el dinero abonado bajo presión. Las empresas estarán obligadas, además, a informar de manera totalmente transparente sobre cuál era el precio medio del producto o servicio en el mes anterior.
De esta forma, el ciudadano podrá saber en todo momento si lo que le están cobrando se ajusta a la legalidad vigente. Este deber de información pública se convierte en una herramienta de control social que disuade a las empresas de intentar saltarse la norma.
Aunque la ley tiene un carácter general, el foco principal está puesto en sectores como el transporte de viajeros por tierra y aire. Esto, porque es, históricamente, el servicio que más oscilaciones presenta en momentos de colapso. No obstante, el control también se extenderá a productos de farmacia, alimentos esenciales y servicios de alojamiento. Durante la tramitación de este decreto, se ha hecho hincapié en que la libertad de mercado no puede estar por encima del derecho a la protección en situaciones de fuerza mayor. El Estado asume así un papel de árbitro activo que interviene para corregir una distorsión que se considera moralmente inaceptable.
La ley busca impedir que los algoritmos de las empresas ignoren el factor humano y lucren con la desesperación en plena tragedia
SANCIONES CONTUNDENTES PARA LAS EMPRESAS INFRACTORAS
Para asegurar que este control de precios no sea papel mojado, el Gobierno ha diseñado un régimen sancionador que castigará con dureza a quienes intenten burlar los topes establecidos. Las multas podrían alcanzar cifras muy elevadas, proporcionales al beneficio ilícito obtenido y a la gravedad de la emergencia declarada.
La inspección de consumo tendrá potestad para actuar de oficio, monitorizando las plataformas de venta online y los puntos de suministro físico en las zonas afectadas por la crisis. Se busca crear un efecto disuasorio real que obligue a las grandes corporaciones y a los pequeños comercios a actuar con ética y solidaridad cuando las circunstancias sociales se vuelven adversas.
Con todo, este nuevo marco regulador busca dotar al sistema de una seguridad jurídica que hasta ahora no existía. Los ciudadanos ya no dependerán de la buena voluntad de las marcas o de la presión en redes sociales para que los precios vuelvan a la normalidad tras una tragedia. Con el respaldo de la ley, España se sitúa a la vanguardia en la protección de los derechos de los usuarios ante imprevistos de gran calado. Es una medida que prioriza el bienestar colectivo frente al interés privado en situaciones donde la sociedad entera se ve comprometida. La nueva era de los precios en emergencias ya ha comenzado, y el mensaje del Ejecutivo es claro: el beneficio económico no puede alimentarse del dolor ajeno.
