Desde World Governments Summit celebrado en Dubái, Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que obligará a las plataformas a implantar sistemas "efectivos" de verificación de edad para los adolescentes. El presidente incluye la medida en un paquete de cinco reformas con las que quiere responder a lo que define como el "salvaje oeste digital", donde entiende que los algoritmos distorsionan el debate público y se manipulan datos e imágenes, amplificando discursos de odio y contenidos ilegales.
De cara a su aplicación, el Gobierno pretende introducir la prohibición expresa dentro de la futura Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, ya en tramitación parlamentaria. El plan, avanzado por Moncloa y detallado por el Ministerio de Justicia, pasa por aprovechar el actual proyecto de ley –que ya eleva de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento al tratamiento de datos personales en redes– para añadir un artículo que establezca que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales, siguiendo la senda de Francia (cuyo límite se ha situado en los 15 años) o Australia (en 16 años, como España).
Además del veto por edad, el paquete anunciado incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos que amplifiquen contenidos ilegales, la creación de una 'Huella de Odio y Polarización' para medir el grado de permisividad de cada plataforma con los discursos extremos y un endurecimiento de la responsabilidad penal de los directivos de las grandes tecnológicas cuando no retiren contenidos ilícitos o de odio. Sánchez ha dejado claro que su objetivo es que los ejecutivos de estas compañías "rindan cuentas personalmente" ante la justicia si incumplen las órdenes de retirada.
Fuentes de Moncloa aseguran que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días los proyectos de ley orgánica que recogen estas reformas, que luego deberán negociarse en el Congreso. Sobre la mesa está también la coordinación a nivel europeo, ya que España se ha sumado a la llamada 'Coalición de los Dispuestos Digitales', un grupo de países de la UE que busca avanzar de forma más rápida y coordinada en la regulación de las plataformas.
¿La solución pasa por prohibir?
Pero la idea de prohibir las redes a los menores de 16 años ha abierto debates y reproches. En materia política, el PP ha asegurado que ya había registrado una enmienda en esa dirección, proponiendo que los menores no pudieran acceder salvo entre los 14 y 16 años con consentimiento expreso de los progenitores y con un "toque de queda digital nocturno", y demandan recursos para combatir el suicidio juvenil y el acoso digital entre menores.
A la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos ven el anuncio como un gesto mediático y, en palabras del portavoz de IU, Enrique Santiago, una injerencia en las competencias del Ministerio de Infancia y Juventud. Recuerdan que la propia ley de protección de menores en entornos digitales lleva meses bloqueada en el Congreso y reclaman a los socialistas que desbloquee esa tramitación antes de lanzar nuevos anuncios. Desde Podemos, Pablo Fernández ha calificado la propuesta de "globo sonda" y reclama un debate pausado sobre sus efectos reales.
Y es que son muchas las dudas acerca de si el veto es la medida correcta en un caso tan delicado como este. La evidencia acumulada en los últimos años sobre el impacto de las redes en el bienestar psicológico de niños y adolescentes es amplia, y organismos como la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente o la Asociación Española de Pediatría han alertado de la relación entre el uso intensivo de pantallas, la exposición a contenido sexualizado, el ciberacoso y el aumento de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en chicas adolescentes. Sin embargo, la mayoría de informes subrayan que la solución no pasa solo por prohibir.
Antes que prohibir, el Gobierno debería utilizar otras herramientas", nos cuenta Rafael, padre de dos adolescentes de 13 y 16 años, ambos con perfil en Instagram y TikTok. Hay que apostar por educación y confianza en tus hijos", comenta, explicando que no controla su actividad pero sí impone un control parental para horas de uso, de cara a la salud digital.
En este sentido, los psicólogos clínicos y especialistas en desarrollo infantil consultados insisten en que la edad cronológica es un criterio demasiado burdo para determinar la capacidad de un menor para gestionar entornos digitales complejos. Recuerdan que la madurez cognitiva y emocional, el contexto familiar y la calidad de la relación con los adultos de referencia influyen tanto o más que el número de años. "Limitar o retrasar el acceso a redes puede ser una herramienta útil, pero solo cuando se inserta en una estrategia más amplia de acompañamiento, educación y regulación de contenidos", detallan.
"Los adolescentes tienen derecho a la información, participación y libre expresión"
Durante la tramitación inicial de la ley de entornos digitales, en marzo de 2025, la organización Save the Children advirtió de que elevar a 16 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos –condición práctica para abrir una cuenta– no podía suponer una merma de los derechos digitales de la infancia y la adolescencia. Insistían en que los menores tienen derecho a la información, a la participación y a la libre expresión también en el entorno online y que cualquier restricción debía ser proporcionada y acompañarse de fuertes garantías.
Ahora, tras el último anuncio del Gobierno, el matiz se mantiene, pero el tono cambia, y la directora de incidencia política de la organización, Catalina Perazzo, valora positivamente que el Ejecutivo avance en la protección de la infancia en el entorno digital y, en particular, que obligue a las plataformas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad. Sin embargo, advierte de que la prohibición del acceso a redes a menores de 16 "no es una solución en sí misma" y puede generar una falsa sensación de seguridad si no va acompañada de medidas robustas en otros frentes.
"Es imprescindible que se tenga en cuenta la presencia de los niños y niñas en los entornos digitales teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad y las implicaciones para la infancia desde el diseño de los espacios digitales, exigiendo responsabilidad a las plataformas y empresas que no lo garanticen efectivamente", añade Perazzo.
Pero Perazzo subraya que las "prohibiciones generales de acceso a las redes sociales basadas únicamente en la edad pueden resultar arbitrarias, no garantizan una mayor protección y pueden excluir a niños, niñas y adolescentes de espacios digitales seguros y diseñados para el ejercicio de sus derechos".
La prohibiciones generales de acceso a las redes sociales basadas únicamente en la edad pueden resultar arbitrarias
Catalina Perazzo, directora de incidencia política de la organización Save the Children
La ONG reclama que se exija a las plataformas responsabilidad desde el diseño, que se fortalezcan los mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos nocivos y, sobre todo, que se invierta en recursos para las familias y en educación digital y afectivo-sexual en los centros educativos.
Sobre esto último, informes especializados de la entidad, como Redes que atrapan o La trampa de la autoexposición, documentan un escenario de alto riesgo donde casi uno de cada tres jóvenes en España ha visto durante su infancia ofertas en redes para ganar dinero con contenido íntimo y uno de cada 40 afirma haber sufrido explotación sexual digital antes de los 18 años.
Por ello, los expertos reclaman controles mucho más estrictos sobre la publicidad y la presencia de estos espacios en redes accesibles para menores, además de sistemas de retirada rápida de material y colaboración activa con las fuerzas de seguridad.
Asimismo, Organizaciones internacionales como UNICEF y diversos grupos de investigación en psicología del desarrollo, criminología y victimología coinciden en que el entorno digital es ya un espacio estructural de socialización, aprendizaje y construcción de identidad para los adolescentes. Negar ese espacio hasta los 16 años sin ofrecer alternativas de socialización segura ni formación intensiva puede profundizar desigualdades, invisibilizar a los menores más vulnerables y desplazar los riesgos hacia ámbitos menos visibles.
Los expertos en ciberseguridad alertan también de que, en ausencia de canales regulados y acompañados, los menores tenderán a buscar vías de acceso no oficiales, eludir verificaciones de edad o refugiarse en servicios opacos, menos dispuestos a colaborar con las autoridades o con estándares de moderación más laxos.
Quienes defienden el endurecimiento normativo replican que el statu quo es insostenible. La evidencia recogida en España y en otros países europeos, y sintetizada en informes como “Violencia viral” o en trabajos académicos sobre ciberacoso y sextorsión, muestra tasas altísimas de victimización sexual digital, contacto con adultos desconocidos, difusión no consentida de imágenes íntimas y exposición a discursos de odio y misoginia.
Y es que hay que recordar que el anuncio de Pedro Sánchez llega en plena escalada de tensión con X, la red de Elon Musk, y con Grok, el sistema de inteligencia artificial integrado en esa plataforma. De hecho, esta misma semana la Fiscalía de París ordenó registrar las oficinas de X en el país y ha citado al propio Musk para que declare por presunta manipulación de algoritmos y por la difusión de imágenes sexualizadas de menores generadas con IA.
El Gobierno español ha colocado explícitamente a X, TikTok e Instagram en el punto de mira, con la promesa de actuar con "tolerancia cero" ante cualquier infracción relacionada con contenido sexualizado de menores o la amplificación de discursos de odio.
