La guerra también mata a médicos. Durante todo 2025, las zonas de conflicto han acabado con la vida del doble de personal sanitario y pacientes que en el año anterior. Según el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud, se registraron 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes, frente a las 944 muertes documentadas en 2024.
Detrás de la cifra, los expertos advierten de un deterioro acelerado del respeto al derecho internacional humanitario (DIH) y de una normalización de la violencia contra la misión médica en los conflictos armados.
En este contexto, un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras que lleva por nombre La atención médica en el punto de mira recoge datos de bases de datos internacionales y de su propia experiencia sobre el terreno. La fotografía que traza es la de un sistema de protección formalmente vigente, pero crecientemente ignorado por las partes en conflicto, incluidos los Estados.
Los datos de la organización de acción médico-humanitaria dejan claro que Sudán fue el país más golpeado por la violencia contra la asistencia sanitaria en 2025, con 1.620 personas asesinadas, seguido de Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19 personas muertas en ataques contra la atención médica.
Un año antes, la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentó 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022. Aunque los datos consolidados de 2025 aún se están completando, el aumento de muertes registrado por la OMS junto a la experiencia de MSF en zonas como Gaza, Sudán o Myanmar apunta a una escalada continuada.
De igual forma, en 2024 aproximadamente el 81 % de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a fuerzas estatales. "La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas", explica Raquel González, coordinadora de MSF España.
La excusa de los Estados sobre los ataques a médicos y pacientes
Una de las tendencias más preocupantes señaladas por el informe es el cambio de narrativa con el que se justifican estos ataques. Si hace unos años dominaba el discurso del "error" operativo o del daño colateral, cada vez es más frecuente escuchar que hospitales, ambulancias o personal humanitario "han perdido la protección" que les otorga el derecho internacional humanitario.
"Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ataques por error a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario han perdido la protección que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil", explica Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.
En la práctica, esto implica invertir la lógica básica del derecho de la guerra, dado que se traslada a las clínicas y hospitales la carga de probar que no son objetivos militares legítimos. La reinterpretación se apoya tanto en lecturas interesadas del DIH como en la explotación de sus ambigüedades, especialmente en conceptos como el uso militar de instalaciones médicas o la proximidad de objetivos militares en zonas urbanas densamente pobladas.
Pero también incumplen una serie de obligaciones elementales. "A menudo se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque. Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes", subraya Laan.
Pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque
Erik Laan, experto de Médicos Sin Fronteras
Nos cuentan que este modus operandi socava la vigencia real de instrumentos como la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2016 tras el bombardeo del hospital de MSF en Kunduz (Afganistán) por un avión de combate AC-130 estadounidense. Ese ataque, en el que murieron 42 personas (entre ellas 14 miembros del personal de Médicos Sin Fronteras) motivó un compromiso formal para proteger la misión médica y exigir responsabilidades. Una década después, la organización alerta de que la violencia no solo no ha remitido, sino que ha aumentado.
"La resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante", recuerda Laan. "Sin embargo, solo 6 de los entonces 15 miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron la Resolución 2286 habían ratificado todos los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados".
Personal local en la primera línea del riesgo
Lo cierto es que el impacto de esta violencia recae de forma desproporcionada en el personal contratado localmente, que constituye el grueso de las plantillas de las organizaciones humanitarias. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025 fueron asesinados 1.241 trabajadores humanitarios locales, otros 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo. Representan el 98 % de todos los trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados.
Más allá de las cifras, la muerte o el secuestro de personal local tiene como consecuencia directa la pérdida de profesionales con experiencia íntima de las comunidades a las que sirven y agrava la ya extrema escasez de recursos humanos sanitarios en países devastados por la guerra. De igual forma, el aumento de los ataques empuja a las organizaciones a reducir su presencia o suspender programas en las zonas más castigadas.
Médicos Sin Fronteras recuerda que la violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios esenciales y la retirada de organizaciones, cortando el acceso sanitario a comunidades que a menudo no tienen alternativas. En entornos donde los sistemas de salud han colapsado por años de conflicto, sanciones o crisis económicas, el cierre de un hospital, un centro de salud o un servicio de ambulancias puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de individuos.
Nos ponen como ejemplo el Hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, que se ha convertido en un símbolo reciente de esta situación. Fotografías tomadas en febrero de 2025 muestran la destrucción en un complejo que era la columna vertebral de la atención terciaria en la Franja.
Recuerdan que el derecho a la atención médica se aplica a todas las personas, incluidas aquellas consideradas enemigas por una de las partes beligerantes, pero en muchos países la legislación nacional no incorpora de forma adecuada las obligaciones del DIH o incluso criminaliza la asistencia a ciertos grupos o impone restricciones que en la práctica impiden una atención imparcial.
"Los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones", afirma Laan.
"Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente", concluye, recalcando que estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la "cultura de impunidad imperante.
