Y es que el reciente decreto de regularización de inmigrantes no es tan “favorecedor” como muchos creen, hay que detenerse a leer la letra pequeña para entender la realidad de muchos inmigrantes en España. ¿Quién se queda fuera cuando la ley dice que todo está en orden? ¿A quién no le encajan los plazos, los papeles o los requisitos aunque lleve años viviendo aquí? La reforma del Reglamento de Extranjería prometía dar respuestas, pero ha dejado al descubierto una realidad incómoda, hay miles de personas que siguen sin sitio en el sistema.
Son personas que trabajan, cuidan, pagan alquileres, llevan a sus hijos al colegio y forman parte del día a día de barrios enteros. No son recién llegados ni casos excepcionales. Simplemente, no entran en las casillas que marca el reglamento, y eso los mantiene atrapados en la irregularidad administrativa.
Por eso, el anuncio de una regularización extraordinaria ha reabierto el debate. No solo sobre cuántos se beneficiarán, sino sobre quiénes han quedado fuera hasta ahora y por qué el sistema no estaba pensado para ellos.
El reglamento no llega a todos: cuando los requisitos no encajan con la vida real
Uno de los grandes problemas del actual Reglamento de Extranjería es que exige demostrar tiempos y situaciones que no siempre se pueden acreditar. El arraigo social, por ejemplo, pide dos años de permanencia continuada en España, algo difícil para quienes han perdido documentos, no han podido empadronarse o han vivido en situaciones muy precarias. La realidad va más rápido que la burocracia.
También están fuera quienes pueden trabajar, pero no consiguen un contrato previo porque la administración tarda meses en resolver o porque los empleadores no se arriesgan. Es una paradoja frecuente, necesitas papeles para trabajar, pero necesitas trabajar para conseguir los papeles. En medio, miles de personas quedan bloqueadas, aunque haya sectores enteros con falta de mano de obra.
A esto se suman perfiles especialmente vulnerables, personas mayores, con discapacidad, sin hogar o con enfermedades crónicas. Para ellos, cumplir con requisitos formales no es solo difícil, a veces es directamente imposible. El reglamento existe, pero no siempre entiende las condiciones reales en las que vive la gente.
Solicitantes de asilo y familias atrapadas en un limbo administrativo
Otro grupo especialmente afectado es el de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido denegada o sigue pendiente durante años. Tras pasar por el sistema de protección internacional, muchos no pueden acceder a las vías ordinarias de regularización y quedan en un limbo legal, sin permiso para trabajar ni alternativas claras para regularizar su situación.
Este bloqueo no solo afecta a los adultos. Miles de niños y niñas viven en España en situación irregular porque sus padres no han podido regularizarse. Aunque van al colegio, tienen amigos y hablan español como lengua principal, su estatus administrativo los deja en una situación de inseguridad constante, con efectos directos en su bienestar y en el acceso a derechos básicos.
Las organizaciones sociales llevan tiempo alertando de este problema. Según estimaciones previas, más de 147.000 menores vivían en España en situación irregular hace unos años, muchos de ellos por fallos estructurales del sistema, no por falta de arraigo o integración.
La regularización extraordinaria: una puerta que se abre (por tiempo limitado)
La regularización extraordinaria que impulsa ahora el Gobierno intenta responder precisamente a estos vacíos. Está pensada para personas que ya están en España, que pueden acreditar al menos cinco meses de permanencia y que no tienen antecedentes penales. No exige contrato previo y permite trabajar desde el momento en que la solicitud es admitida a trámite.
La medida podría beneficiar a más de 500.000 personas y estará abierta, previsiblemente, entre abril de 2026 y el 30 de junio de ese mismo año. La autorización inicial será de un año y permitirá después incorporarse a las vías ordinarias del reglamento, algo que hasta ahora estaba cerrado para muchos perfiles.
No es una solución definitiva ni estructural, pero sí un reconocimiento claro de que la realidad social iba por delante de la ley. Como ya ocurrió en regularizaciones anteriores, el objetivo es ordenar lo que ya existe, reducir la economía sumergida y dar seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresas.
Al final, la pregunta no es solo cuántos se regularizan, sino cuántas personas llevaban años haciendo vida en España sin que el sistema supiera qué hacer con ellas. Contarlo, entenderlo y compartirlo también forma parte de que nadie vuelva a quedarse fuera por no encajar en un formulario.
