La Fórmula 1 aterriza en Madrid en 2026 con el circuito Madring. Y lo hará con la promesa de una revolución económica de la mano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, pero lo hace arrastrando una sombra alargada: la de los 300 millones de euros de deuda que dejó el circuito urbano de Valencia.
A pesar de los discursos oficiales que aseguran que el Gran Premio madrileño no costará "ni un euro de dinero público", las cifras y los métodos administrativos utilizados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida empiezan a dibujar un escenario de riesgo financiero y opacidad jurídica que recuerda, paso por paso, al modelo de Francisco Camps.
CONTRATOS EN LA SOMBRA Y EL BLINDAJE DE IFEMA
El núcleo de la polémica reside en la falta de transparencia. Mientras en Valencia el "capo" del negocio, Bernie Ecclestone, condicionaba la carrera a la victoria electoral del PP, en Madrid la operación se ha blindado a través de IFEMA.
Este consorcio, financiado en un 62% por la Comunidad y el Ayuntamiento, actúa como una pantalla que permite ejecutar contrataciones con mucha menos fiscalización que cualquier administración pública. Pese a los constantes requerimientos de la oposición y de las asociaciones vecinales, el acuerdo con Formula One Management permanece bajo llave.
Ni el canon anual que se pagará a la organización, ni el estudio económico de Deloitte que promete ingresos de 450 millones de euros, han sido publicados con detalle. Esta opacidad no solo oculta los beneficios reales, sino también las responsabilidades en caso de pérdidas.
Según el balance de cuentas de IFEMA de 2024, existe un riesgo de impacto negativo de hasta 270 millones de euros si se produjera algún incumplimiento de contrato. El paralelismo con Valencia es casi exacto: allí también se prometió que una empresa privada (Valmor Sport) cargaría con los gastos, para que finalmente la Generalitat tuviera que absorber las deudas millonarias ante el fracaso de la gestión privada.
INVERSIÓN PÚBLICA CAMUFLADA Y EL LABERINTO DE LAS OBRAS DEL CIRCUITO DE MADRID PARA LA F1 EN 2026
A diferencia de lo que sostiene el discurso oficial de "coste cero" de Ayuso para la F1 en Madrid, el gasto público ya ha empezado a fluir de forma masiva. Solo en los primeros pasos del proyecto, el desembolso asciende a 136 millones de euros: 51 millones para la ampliación de pabellones, 83 millones para la construcción del circuito propiamente dicho y facturas anuales de un millón de euros en servicios jurídicos.
A esto se suman las campañas de patrocinio directo del Gobierno de Ayuso, que ha gastado cientos de miles de euros en eventos promocionales con escuderías como Red Bull para calentar el ambiente antes del desembarque oficial del Gran Circo.
Además del frente económico, el circuito de Madring se enfrenta a un complejo laberinto legal en los juzgados. El uso de planes especiales para agilizar las obras ha sido denunciado por el PSOE y colectivos ecologistas, así como por los vecinos colindantes al nuevo trazado de Fórmula 1, quienes consideran ilegal el desvío de la Vereda de los Leñeros (una vía pecuaria protegida). Estas maniobras de "tramitación de urgencia" buscan saltarse los controles ordinarios de la administración para cumplir con los plazos de la FIA, pero están dejando un reguero de talas de olivos y destrucción de humedales que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Barajas y Hortaleza.
EL RIESGO DE UN MODELO SIN INVERSORES PRIVADOS
La mayor señal de alarma, sin embargo, llega desde el área de Hacienda. El Ayuntamiento de Madrid ha admitido dificultades para encontrar una empresa privada que quiera asumir la transmisión del riesgo de gestión. La dureza de las cláusulas impuestas por la Fórmula 1 ha espantado a gigantes de la construcción como FCC o Ferrovial, dejando a IFEMA -y por extensión, al contribuyente- como único garante del evento de F1. Por ahora, solo se ha cerrado un acuerdo con una multinacional suiza para las zonas VIP, una aportación que apenas cubre el diseño y catering del paddock, pero que no alivia la inversión estructural del circuito.
La historia parece condenada a repetirse. Valencia terminó pagando 45 millones de euros adicionales trece años después de su última carrera, una factura que todavía hoy sigue pesando en las arcas municipales. En Madrid, el viaje de Ayuso a Texas para "aprender" de otros grandes premios remite directamente a los viajes de Camps a Londres para cenar con Ecclestone: una liturgia de lujo y marketing que oculta una realidad contable preocupante. Si el modelo de negocio no despega, Madrid corre el riesgo de cambiar su red de infraestructuras por un asentamiento de deudas y un asfalto vacío, convirtiendo el sueño de la Fórmula 1 en otra pesadilla financiera para la región.
