¿Quién está realmente detrás del taxi en Madrid? ¿Y hasta qué punto el sistema está protegido frente a maniobras para concentrar licencias? La Justicia acaba de poner freno a una operación que ha encendido todas las alarmas en el sector y que llevaba meses gestándose en silencio.
Trece empresas casi idénticas, una misma dirección, un único administrador y un objetivo claro, hacerse con 195 licencias de taxi de una tacada. El intento ha sido frenado por los tribunales, pero el caso deja muchas preguntas abiertas sobre los límites del modelo actual y las grietas que algunos tratan de explotar.
Y es que lo que parecía un trámite administrativo más se ha convertido en uno de los episodios más reveladores del pulso que vive el sector del taxi madrileño entre el servicio público y los intereses empresariales.
Trece empresas, un mismo patrón y un objetivo común
Lidetro 1, Lidetro 2, Lidetro 3… hasta Lidetro 13. Cambia el número, pero poco más. Así se presentaron trece sociedades mercantiles que solicitaron al Ayuntamiento de Madrid 15 licencias de taxi cada una. En total, 195 permisos que habrían supuesto una concentración inédita en el sector. La estrategia no era nueva: nombres clonados, sociedades instrumentales y una apariencia de independencia que, al rascar un poco, se desmorona.
Todas las empresas compartían administrador único, Manuel Alba Fernández, y estaban domiciliadas en la misma dirección que otras mercantiles del entorno. Para el sector del taxi, el esquema era reconocible: un intento de rodear la normativa usando estructuras empresariales paralelas, algo que ya se vio en su día con las licencias VTC. Esta vez, sin embargo, el movimiento no ha llegado a prosperar.
La Justicia cierra la puerta y avala al Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid ha sido claro. Las empresas no siguieron el procedimiento legal previsto y, por tanto, la negativa del Ayuntamiento fue ajustada a Derecho. La sentencia respalda el modelo actual, que exige concurso público para la concesión de nuevas licencias y refuerza la idea de que el taxi es un servicio de interés público, no un mercado libre sin reglas.
Las mercantiles alegaron que bastaba con una “simple solicitud” y llegaron a cuestionar que el taxi deba considerarse un servicio público. El fallo desmonta ese argumento y da la razón tanto al Consistorio como a las asociaciones del sector que se personaron en el proceso. No es solo una victoria jurídica, sino también simbólica, marca límites claros a la concentración y a los atajos legales.
Un precedente que reabre el debate del modelo del taxi
Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso (por lo que todavía las compañías en cuestión pueden apelar la decisión), el mensaje es contundente. En el sector del taxi se interpreta como un precedente clave para frenar operaciones similares en el futuro. La preocupación no es solo cuántas licencias se conceden, sino quién las controla y con qué finalidad. La entrada masiva de sociedades con capacidad financiera para acaparar permisos cambiaría por completo el equilibrio del sistema.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario, cómo proteger un servicio público sin cerrar la puerta a la modernización y la competencia. La Justicia ha hablado esta vez, pero la presión sobre el modelo del taxi en Madrid sigue ahí. Y todo apunta a que no será la última batalla. Compartir lo ocurrido es, quizá, la mejor forma de entender por qué estas decisiones importan mucho más de lo que parece.
