El mercado del alquiler en España atraviesa una nueva polémica. El sindicato UGT ha presentado una denuncia ante los ministerios de Vivienda y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa.
Y lo ha hecho acusándolos de permitir anuncios que no cumplen con la normativa de vivienda. Según la organización, muchas de estas ofertas se presentan como pisos atractivos, pero en realidad son infraviviendas que no cumplen estándares mínimos de habitabilidad. UGT advierte que esta práctica explota la crisis del alquiler y genera indefensión entre los inquilinos.
INFRAVIVIENDAS DISFRAZADAS DE OPORTUNIDADES, LA ÚLTIMA DENUNCIA DE LA DGT CONTRA IDEALISTA Y FOTOCASA
El caso más llamativo es el de un anuncio en Madrid que ofrecía una vivienda de solo 11 metros cuadrados por 875 euros al mes. Esta oferta refleja, según el sindicato, un patrón que se repite en varias zonas urbanas: viviendas diminutas, con contratos precarios y condiciones abusivas.
Entre las irregularidades señaladas destacan la prohibición de empadronamiento, contratos inferiores a un año para evadir la fianza legal, exigencia de seguros de impago, cobro de honorarios de gestión y solicitudes de pre-reserva con pagos por adelantado sin garantías claras. Para UGT, no se trata de "minipisos con encanto", sino de prácticas que bordean la ilegalidad.
El sindicato subraya que la responsabilidad no recae únicamente en los propietarios. Los portales inmobiliarios, como gestores de los anuncios, obtienen beneficios por cada publicación y tienen capacidad de control sobre los contenidos que difunden.
UGT EXIGE MEDIDAS INMEDIATAS Y SANCIONES CONTRA LOS PORTALES INMOBILIARIOS
UGT argumenta que estos portales deben garantizar que no se publiquen anuncios que incumplan la ley y recuerda que, según la normativa europea de servicios digitales, las plataformas tienen obligación de retirar contenido ilegal, engañoso o abusivo.
La denuncia de UGT llega en un momento crítico para el mercado del alquiler, con precios disparados, oferta limitada y demanda creciente. En este contexto, muchos inquilinos se ven obligados a aceptar condiciones que vulneran sus derechos. El sindicato considera que la sensación de impunidad permite que ciertas inmobiliarias se aprovechen de la alta demanda, imponiendo condiciones abusivas y, en muchos casos, ilegales.
UGT exige medidas concretas para poner fin a estos abusos. Entre ellas se encuentran la retirada inmediata de todos los anuncios irregulares, la sanción a las inmobiliarias responsables y la creación de una unidad especializada en abusos inmobiliarios, donde las personas afectadas puedan presentar quejas y recibir protección. Según la organización, estas acciones son fundamentales para restablecer la legalidad y garantizar la seguridad de los inquilinos.
DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A LA ESPECULACIÓN
Si la denuncia prospera, podría marcar un punto de inflexión en el mercado de alquiler. La retirada de miles de anuncios irregulares reduciría temporalmente la oferta disponible, pero establecería límites claros a la especulación y recordaría que la vivienda es un derecho, no una mercancía para enriquecimiento rápido. Para los inquilinos, la eliminación de estas ofertas sería un alivio; para los portales, un desafío que obligará a reforzar sus sistemas de control y supervisión.
Más allá del impacto inmediato, esta denuncia pone de relieve la necesidad de un mercado de alquiler regulado y transparente, donde la vivienda digna no sea un privilegio, sino un derecho protegido. UGT insiste en que las políticas públicas deben actuar para garantizar que los abusos no se perpetúen y que los portales inmobiliarios no sirvan de plataforma para prácticas ilegales.
Con todo, la denuncia de UGT evidencia que no todo lo que se publica en portales inmobiliarios puede considerarse legítimo. Los anuncios de infraviviendas no solo perjudican a los inquilinos, sino que también distorsionan la percepción del mercado y alimentan un ciclo de especulación que la sociedad no puede permitir.
La acción del sindicato busca frenar estas prácticas y garantizar que la vivienda en España cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad y legalidad, protegiendo así a los ciudadanos más vulnerables.
