Cada vez son más los trabajadores que se enfrentan a un laberinto burocrático cuando solicitan las bajas laborales por incapacidad temporal. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2023 se tramitaron más de 6,4 millones de procesos de baja, una cifra récord que revela no solo el aumento de patologías temporales en los trabajadores, sino también la creciente presión sobre un sistema sanitario que no siempre responde con la rapidez necesaria.
Y es que lo que debería ser un mecanismo de protección se convierte, con frecuencia, en una fuente de frustración para el trabajador, atrapado entre la atención primaria, las mutuas colaboradoras y la inspección médica, sin una respuesta clara ni tiempos de respuesta estipulados, todo se convierte en incertidumbre.
Este modelo fragmentado y muchas veces opaco ha despertado serias críticas entre médicos y sindicatos. Un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) advierte que el 38 % de los facultativos de atención primaria considera que la gestión de las bajas laborales interfiere gravemente en su actividad clínica habitual, es decir, si de por si el sistema sanitario ya se encuentra colapsado, el trámite burocrático que conlleve una baja laboral, implica el uso de mucho más tiempo.
Mientras se insiste en la necesidad de contener el gasto (que en 2023 ascendió a más de 11.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal), la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a justificar reiteradamente su dolencia frente a instancias que, en ocasiones, tristemente desconfían más de lo que solucionan. En este contexto, cabe preguntarse ¿estamos ante una trampa estructural que, bajo la apariencia de control, erosiona un derecho fundamental de los trabajadores?
Un sistema fragmentado que desgasta al paciente y al profesional sanitario
La gestión de las bajas laborales en España se ha convertido en un verdadero viacrucis, en un proceso que refleja la desconexión entre los distintos niveles del sistema sanitario. El médico de atención primaria asume la primera responsabilidad, pero su diagnóstico y recomendación no siempre son respaldados por las mutuas o compañías de seguro, ni por la inspección médica, que pueden terminar revocando o reduciendo la duración de la baja sin una evaluación directa del paciente.
Esta falta de coordinación institucional no solo prolonga los trámites (lo que termina afectando no solo al trabajador, sino a la empresa misma, con pérdidas financieras importantes), sino que mina la confianza entre profesionales médicos y usuarios, generando situaciones de tensión innecesarias. Existe una falsa creencia de que un porcentaje importante de solicitudes no siempre son reales.
Mientras tanto, el profesional sanitario se ve atrapado entre la presión asistencial y la burocracia. Muchos médicos denuncian que deben justificar cada baja con informes adicionales, repitiendo gestiones que ralentizan su labor clínica y les restan tiempo para atender otras patologías.
La sobrecarga, unida a la desconfianza institucional hacia sus decisiones, provoca un desgaste emocional que repercute directamente en la calidad de la atención, además estos profesionales dedican un tiempo desproporcionado a gestión de estas bajas médicas que podrían dedicar a la atención de pacientes. Esta fragmentación del sistema no solo penaliza al enfermo, sino que erosiona la base misma de la relación médico-paciente.
Las cifras detrás del colapso: millones de bajas laborales y miles de millones en gasto
El coste económico de la incapacidad temporal (IT) en España ha alcanzado cifras récord. Según un estudio realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el impacto anual asciende a 81.574 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa un 5,4% del total nacional, un dato que pocos conocen y que puede llegar a ser realmente alarmante si se analizan las consecuencias.
Este dato supone un incremento del 47% respecto a 2018, cuando el coste era de 55.674 millones. El aumento ha sido impulsado por el crecimiento tanto en el número de procesos de IT como en la duración media de las bajas, generando una presión notable sobre el sistema de protección social y sobre la productividad de las empresas, lo que ha impulsado en mayor o menor grado el colapso del sistema sanitario y de seguridad social.
Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas en el Régimen General ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, lo que representa un incremento del 52%. Este volumen de ausencias equivale a que un millón de trabajadores estuvieran de baja cada día durante todo 2023 (aunque cueste creerlo, y lo peor es que este número se ha incrementado con los años), o bien que cada empleado español haya estado ausente una media de 20 días laborales por año.
Además, el informe advierte que los procesos de larga duración (aquellos que superan los 365 días) han crecido de 83.000 a 167.000 (un dato realmente alarmante), duplicándose en apenas seis años y concentrando el 34,1% del total de días de baja.
Desconfianza, presión y burocracia: el coste humano de pedir una baja
Solicitar una baja médica en España puede convertirse en una experiencia frustrante, hostil que con frecuencia, muchos trabajadores prefieren no seguir. Muchos trabajadores relatan cómo deben justificar reiteradamente sus dolencias, acudir a citas duplicadas y enfrentarse a decisiones contradictorias entre el médico de cabecera y la mutua. Este recorrido burocrático, lejos de facilitar la recuperación, genera ansiedad, sensación de desprotección y, en ocasiones, termina empeorando el estado de salud del paciente, lo que al final termine extendiendo el período de baja y afectando tanto al trabajador como a la empresa.
La sospecha implícita de fraude que parece presidir el sistema convierte al enfermo en sospechoso desde el primer momento. Por su parte, los profesionales sanitarios denuncian que el sistema ha incorporado mecanismos de presión que entorpecen su labor asistencial.
Esta situación dibuja un panorama preocupante, un sistema sanitario que, en lugar de cuidar, fiscaliza; que en lugar de acompañar, interroga; y que, en definitiva, deja de cumplir con su función esencial como garante del bienestar del ciudadano.
