En las carreteras españolas, cada infracción cuenta. Lo que puede parecer una simple distracción o una decisión apresurada al volante, para la Dirección General de Tráfico (DGT), puede convertirse en una sanción económica de gran envergadura. Y es que no todas las multas cuestan lo mismo: algunas llegan a cifras verdaderamente desorbitadas, dependiendo de su gravedad y del impacto que puedan tener en la seguridad vial.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger tanto a conductores como peatones, la DGT ha establecido un sistema de sanciones que va desde los 100 euros por infracciones leves, hasta los temidos 20.000 euros por aquellas conductas que ponen en serio peligro la vida de los demás. A continuación, detallaremos cuáles son las infracciones más caras que podrías cometer y cómo evitarlas.
3Las más caras: infracciones que rozan los 20.000 euros
Ahora bien, dentro del catálogo de infracciones de la DGT, hay algunas que destacan por lo escandaloso de su cuantía. Son lo que podríamos denominar como infracciones “gravísimas”. Estas aparecen en los apartados n, ñ, o, p, q, r, s y t del artículo 77 de la Ley de Tráfico y tienen algo en común: representan una amenaza directa y real para la seguridad de las vías.
Uno de los ejemplos más contundentes es realizar obras en la carretera sin la señalización correspondiente. Este acto, que puede parecer menor, es considerado por la DGT como un atentado a la seguridad de todos los usuarios de la vía. En vías rápidas o autovías, donde la velocidad puede agravar cualquier fallo, esta infracción puede costarte hasta 20.000 euros.
Modificar las señales de tráfico con intención de causar confusión es otra de las conductas que la DGT castiga con la misma severidad. Desde cambiar una señal de velocidad máxima hasta alterar una advertencia de curva peligrosa, cualquier acción de este tipo puede derivar en una multa que va más allá del simple castigo económico: puede ser considerada un delito.
Asimismo, se han reportado casos donde particulares colocan señales falsas con el fin de desviar el tráfico, facilitar obras privadas o incluso controlar el acceso a zonas restringidas. La DGT ha advertido que este tipo de prácticas no solo serán sancionadas con la máxima cuantía posible, sino que también podrían acarrear consecuencias penales si se comprueba la intencionalidad de generar peligro.
